Mariana Sofía García
SUMARIO
El artículo nos resume el último informe de la ONG Un Mundo Sin Mordaza que está dedicado al tema de la libertad de expresión. Según el documento se registraron trece casos en contra de páginas web y redes sociales, en las que “[…] el Estado se valió de bloqueos HTTP o DNS por parte de Cantv”.
Durante el primer semestre de 2021, la ONG Un Mundo Sin Mordaza evidenció la “continuada y sistematizada” violación y ataque a la libertad de expresión en Venezuela. Un monitoreo por cifras de distintas organizaciones, medios de comunicación y entrevistas, les sirvió para determinar que, en seis meses, se registraron 74 casos que contemplan 150 violaciones a este derecho.
El informe semestral de Un Mundo Sin Mordaza, presentado el 26 de agosto, documentó veintinueve incidencias entre retenciones y detenciones arbitrarias tanto a trabajadores de la prensa como a particulares en el ejercicio de difusión y acceso libre a la información, divididos en quince periodistas y catorce personas que no ejercen la profesión.
La ONG detalló que el 31 % de las detenciones y retenciones corresponde a la policía estatal, el 24,1 % a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 13,8 % al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), 6,9 % al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y 3,4 % por escoltas de funcionarios.
Un caso particular analizado por Un Mundo Sin Mordaza fue el del periodista Rafael Hernández, quien relató el hecho irregular ocurrido en una cobertura, junto a su compañero Luis Gonzalo Pérez, sobre el conflicto armado en el estado Apure entre las fuerzas militares venezolanas y las FARC, en marzo de este año.
Hernández comenta que al llegar al lugar, tanto él como su compañero, fueron detenidos y despojados de sus pertenencias y maquinaria de reportaje, para posteriormente ser trasladados a un centro de detención (cuyo paradero desconocían), donde varias horas después se les concedió su libertad. El periodista afirmó que poseían todos los permisos para hacer el reportaje, como se documentó en el informe.
Otros puntos analizados por Un Mundo Sin Mordaza fueron los actos de amenazas, hostigamientos o agresiones a civiles y trabajadores de la prensa. Isabella González, miembro del equipo de la ONG, detalló que documentaron 63 casos y, una buena parte, se trató de mensajes agresivos por parte de funcionarios públicos a través de las redes sociales, así como persecuciones, confiscación de equipos e intimidaciones.
“De igual forma, se pudo establecer que los medios de comunicación y redes sociales manejadas por el Estado perpetraron un total del 11,1 % de amenazas”, según consta en el documento.
Como ejemplo, citaron que la cuenta de la Aviación Militar Bolivariana @AmbFanb, a través de un video en Twitter, hostigó “utilizando una narrativa de odio” al portal de noticias Efecto Cocuyo y a su directora Luz Mely Reyes asegurando que el portal “no es certero en cuanto a la información que difunde”.
Los afectados
Un Mundo Sin Mordaza registró veintidós casos de medios de comunicación convencionales afectados, de los cuales:
· 63,9 % de las afectaciones a estaciones de radio utilizaron sanciones administrativas o judiciales, y citaron a Radio Rumbos 670 AM, que mediante un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se vio obligada a suspender su programación y desalojar su sede.
· 22,7 % de las afectaciones fueron a canales de televisión, a los que en un 60 % se les aplicó algún tipo de sanción administrativa.
· En lo referente a los medios impresos, si bien solo representaron un 13,6 % de los casos de violaciones a la libertad de expresión, el incidente que más llamó la atención fue la sentencia y embargo ejecutivo dictado en contra de El Nacional, en mayo.
· Se registraron trece casos de bloqueos a páginas web y redes sociales, en las que “el Estado se valió de bloqueos HTTP o DNS por parte de Cantv”, de acuerdo con lo informado por la ONG.
En la presentación del informe destacaron que algunos de sus datos los tomaron a partir de investigaciones de otras ONG como Espacio Público. Además, tomaron en cuenta denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas.
La responsabilidad del Estado
Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de Un Mundo Sin Mordaza, enfatizó que los funcionarios del Estado deben seguir los procedimientos estipulados en las normas constitucionales, legales y sublegales para garantizar el derecho a la libertad de expresión y demás derechos humanos. No obstante, destacó algunas afectaciones que vulneran este parámetro como las fallas de electricidad y de Internet.
Ante esto, citaron que, según el Comité de Afectados por los Apagones, en el primer trimestre del año se han registrado 38 mil 004 fallas eléctricas en el país, lo cual evita que las personas puedan comunicarse de forma adecuada y tampoco pueden acceder a la información.
Además, el informe hace énfasis en el uso de la fuerza policial en las protestas que ocurren en Venezuela. “Esto es una evidente violación al derecho a la libre expresión, el cual está consagrado y protegido en las leyes vigentes en el país”.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que durante el primer semestre del año se han registrado al menos 3 mil 393 manifestaciones, a pesar de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, se registraron 59 protestas reprimidas en trece estados del país que dejaron un saldo de veinticinco detenidos, siete heridos y un fallecido.
Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, comentó que la organización seguirá levantando data sobre las violaciones a la libertad de expresión, como lo han hecho desde el año 2019, para visibilizar la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de respeto, garantía, aseguramiento, cooperación, promoción y adopción de medidas internas.
Mariana Sofía García
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Santa María y periodista del portal digital Crónica Uno.
