Foto: Ivan Alvarado
SUMARIO
El comunicado fija opinión ante la escalada represiva del Gobierno nacional en contra de varios medios de comunicación social por su labor informativa. Se trata de un conjunto de acciones gubernamentales que reprimen y censuran medios y periodistas. De esa manera aumenta la desinformación que ya sufre la sociedad venezolana.
En las últimas semanas, el gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido un nuevo cierre de medios, la confiscación de equipos periodísticos, y ha continuado su campaña de descrédito contra profesionales de la comunicación social, empobreciendo el ya deprimido ecosistema venezolano de medios con acciones sistemáticas de censura que, a la postre, desinforman aún más a una población que vive en medio de una profunda crisis económica, social y política.
El pasado 8 de enero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), entes adscritos al poder Ejecutivo, realizaron un procedimiento en las instalaciones de VPI TV, en el cual, «[…] tras realizar un inventario, se incautaron equipos de transmisión, cámaras, computadoras entre otros implementos de trabajo, fundamentales para ejercer la labor periodística […]”, señala el comunicado del canal. La medida condujo al cierre de las operaciones de este medio en Venezuela.
El mismo día, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), otro medio digital, Tal Cual, fue víctima de un ataque digital. Además, el diario Panorama –emblemático del estado Zulia–, fue clausurado durante cinco días por el Seniat, bajo el argumento de “[…] incumplimiento a deberes formales de leyes tributarias”. Medios como Efecto Cocuyo y El Pitazo también han recibido señalamientos y restricciones.
La libre circulación de las ideas, la libertad para emitir y recibir información, se ha visto vulnerada en Venezuela desde el inicio del proceso político liderado por el extinto presidente Hugo Chávez Frías, y profundizado por Nicolás Maduro, mediante medidas gubernamentales, legislativas y judiciales contra empresas, periodistas y ciudadanos, que han conformado una censura estructurada. Ello, sumado a la maquinaria de propaganda que se transmite y difunde por medios estatales, en alianza con medios convertidos en aliados por cambio editorial o por compra indirecta, ha pretendido conformar una hegemonía comunicacional.
El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, barómetro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), creado en alianza con la UCAB, que mide la acción institucional en materia de este derecho, ubica a Venezuela en el último puesto de veintidós países del hemisferio, incluso por debajo de Cuba. La política pública para acrecentar el control comunicacional del Ejecutivo ha incluido la confiscación de equipos, la criminalización de periodistas, la agresión a comunicadores, el cierre de salas de prensa de organismos estatales y la aplicación arbitraria de leyes de cuestionada legitimidad.
El Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (CIC-UCAB), la revista Comunicación de la Fundación Centro Gumilla y la editorial abediciones de la UCAB, rechazan estas acciones recientes que, sumadas a otros pasados cierres de estaciones de televisión y radio; el arbitrario criterio en la asignación de licencias de transmisión; el control político de la asignación de papel para medios impresos; y las fiscalizaciones y penalizaciones directas e indirectas contra voces y empresas críticas al Gobierno, van en desmedro del pluralismo y la sana conformación de opinión pública de todo sistema que pretenda cumplir con las premisas básicas de una democracia.
Por; Centro de investigación de la comunicación (UCAB),
editorial Abediciones de la UCAB y la revista Comunicación del Centro Gumilla.
