SUMARIO
La interrogante que da origen a este trabajo es ¿cómo se informa hoy día el venezolano? Usando cifras de la empresa de medición de opinión pública, More Consulting y de la encuestadora Delphos, se intenta dar una respuesta. La conclusión final es la profundidad del abismo informativo en que vive la mayor parte de los venezolanos y que al autor le hace afirmar que hoy la sociedad venezolana es una “sociedad sub-informada”.
En nuestros tiempos se trata no tanto de violentar a los hombres como de desarmarlos, menos de combatir sus pasiones políticas que de borrarlas, menos de combatir sus instintos que de burlarlos, no simplemente de proscribir sus ideas sino de trastocarlas, apropiándose de ellas… El secreto principal del gobierno consiste en debilitar el espíritu público, hasta el punto de desinteresarlo por completo de las ideas y los principios con los que hoy se hacen las revoluciones
(Maurice Joly, [1974] Diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu en el infierno
Editorial Muchnik, Méjico. Pág: 7).
Introducción
Se ha dicho reiteradamente en las páginas de esta revista, a lo largo de los años, que a partir del breve derrocamiento del presidente Hugo Chávez Frías el 11 de abril de 2002, el oficialismo comprendió perfectamente el poder de los medios de comunicación como instrumento de movilización y dominación política. Desde el año 2002 hasta el presente, podemos notar a través de diversos estudios (muchos de ellos publicados a lo largo de los años en las páginas de esta revista) que la política de comunicación del Gobierno es quizás la única que no admite improvisación por parte del Estado en su implementación. Expansión del número de medios en propiedad del Estado; acoso a la prensa crítica independiente al Gobierno; financiación de medios “comunitarios” de sesgo pro-oficialista; legislación orgánica que induce a la autocensura; y compra de medios críticos por parte de empresarios financiados por el Estado central. Lo anterior es solo una pequeña parte de las diversas estrategias que ha tenido el oficialismo para domesticar los medios de comunicación en función de su hegemonía política en el país.
Hemos comenzado este artículo citando la obra de Maurice Joly, Diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu en el infierno, escrito a finales del siglo XIX, para criticar el régimen bonapartista francés que estuvo vigente entre 1848 y 1870. El libro, a pesar de la distancia temporal que nos separa, tiene una vigencia enorme en cuanto a describir cómo regímenes que llegan al poder a través de las instituciones republicanas y democráticas pueden, desde lo interior de los mecanismos del Estado, convertir un sistema de libertades públicas en un autoritarismo de nuevo cuño. Maurice Joly nos ofrece una revisión crítica de inmenso valor de las instituciones liberales con que se fundamenta el sistema democrático representativo en Occidente, y cómo sin destruir totalmente las instituciones con que se suele caracterizar un sistema político como democrático, se le puede pervertir. Señalar cómo puede degenerarse la naturaleza de un sistema que se autoproclame democrático, sin necesidad de ejercer una destrucción institucional de los órganos democráticos y frustrar cualquier iniciativa desde el ámbito de la ciudadanía para regular la agenda del Estado. Y en materia de la libertad de expresión o prensa, Joly ya veía muchas de las tácticas vigentes hoy en día en los llamados “regímenes híbridos” que pasan de la democracia al autoritarismo.
Quizás el aporte más novedoso del análisis de Joly es definir uno de los rasgos más modernos del nuevo tipo de despotismo o autoritarismo posmoderno que puede existir dentro de las instituciones modernas democráticas: la técnica de manejo de la opinión pública. El despotismo moderno no puede actuar como el absolutismo de antaño o la dictadura militar clásica, suprimiendo secamente la libertad de prensa. Las costumbres de las sociedades libres modernas no permiten soportar la coacción de la libertad de expresión de manera abierta, porque podrían sentirse oprimidas y por lo tanto buscar la movilización política contra el régimen. Joly señala que la libertad de prensa más que suprimirla para evitar sus ataques, debe ser domada por el gobierno, controlarla según los intereses de los gobernantes y desnaturalizar su autonomía del poder público, para hacer perder su poder institucional de enfrentarse al poder establecido. La crítica dentro del régimen de la democracia desnaturalizada es tolerada siempre que el gobernante, a capricho, lo permita para demostrar que la libertad de expresión no ha sido abolida. Como sucede con las instituciones de regulación de poder del Estado, a la prensa se le deja existir, pero se le modifica su naturaleza para evitar que atente contra el interés del gobernante.
Esto implica que el régimen, para sostenerse, debe acabar cualquier iniciativa de la ciudadanía de controlar la agenda gubernamental a través de la sub-información del ciudadano en torno a los sucesos que tienen que ver con lo público. La censura abierta no es conveniente porque abre la puerta para el rumor, que suscita dinámica de masas que pueden canalizarse en insurrecciones contra el poder establecido. Obviamente la prensa libre crea un pensamiento crítico que posibilita la organización política del ciudadano para influir en los asuntos públicos. La solución por parte de un sistema autoritario moderno es regularizar y deformar el flujo de la información que llega al ciudadano, para que el mismo no pueda tener una visión relativamente clara sobre los asuntos públicos que lo pueda llevar a la participación real en el uso del poder político. El ciudadano del régimen de Joly debe ser fuertemente individualista, sin interés en la participación de lo público y solo ocupado de su ámbito privado.
El Estado, para garantizar su dominio debe convertirse en periodista y tener el poder hegemónico de la producción y distribución del conocimiento sobre la realidad en la sociedad. El sentido de lo que es real más allá de lo que es percibido por la cotidianidad del individuo se basa –en la era contemporánea– en lo que informan los medios de comunicación. En un régimen centralizado, que anula incluso las autoridades electas locales y designa a los mismos a su parecer, el ciudadano no tiene un contacto personal con la política; su contacto con el mundo del poder político es en gran parte canalizado por los medios de comunicación y son ellos los que le ayudan a informarse sobre lo que sucede en la esfera de lo político y hasta cómo pensar en torno a lo público. Si ese poder está acaparado por el Estado, el sentido de lo que es la política se puede deformar en dirección a los intereses de los informantes, creándose las corrientes de opinión necesarias para una desmovilización política de la ciudadanía.
El déspota moderno descrito por Joly no puede oprimir directamente la prensa ni usarla (como en el caso de los totalitarismos) para moldear a su parecer el pensamiento de los gobernados. Basta con permitir una libertad de prensa completamente condicionada a los intereses del gobierno, que no estimule el pensamiento crítico en torno a lo político. Hasta el ataque contra el régimen puede permitirse si lo hacen bajo patrones que se estima que no producirán el despertar de reacciones adversas de los gobernados de manera permanente. Una cultura social basada en el pensamiento crítico, como la que precede a la instauración de los autoritarismos modernos, obliga al gobierno despótico a convertir a la prensa en un elemento que no atente contra su gobernabilidad, sin necesidad de suprimirla. El objetivo es que la prensa no permita que el ciudadano sea consciente del proceso de confiscación del poder del gobierno en nombre del pueblo. Los mecanismos de Joly que aseguran este proceso, es decir, una prensa subordinada al interés gubernamental, se alcanzan a través de estas medidas:
- Regulación de la fundación de los periódicos, bajo la estricta aprobación del Estado.
- Creación de excesivos impuestos para las empresas de publicidad a la hora de publicar en periódicos. De esta forma se restringe la fuente de ingresos de estos medios, dependiendo únicamente de los lectores para sobrevivir económicamente.
- Crear los delitos de prensa relacionados con la producción de informaciones que atenten contra el interés del Estado y de los particulares.
- Completa prohibición de cubrir por parte de la prensa las informaciones relacionadas con el actuar de los organismos públicos y los debates políticos en los órganos del gobierno.
- Y, por último, pero más importante, la creación de una extensa red de periódicos y medios de comunicación, tanto de origen gubernamental como de carácter privado (que estén alineados a los intereses del gobierno) y la creación de una prensa opositora completamente sumisa a los intereses del régimen.
Las tácticas antes mencionadas son bastante familiares a los venezolanos, implementadas desde el año 2002 hasta el presente bajo diferentes etapas de cristalización. Un sistema que reprime a través de recursos utilitarios y simbólicos la proliferación de una prensa independiente que potencialmente puede ser crítica al gobierno y se establece, en añadidura, un control férreo de su línea editorial a través de la tipificación de los delitos de prensa. Al sistema informativo de tales medios les está vedado la cobertura del debate político, lo cual impide la generación de un pensamiento político autónomo del ciudadano acerca de los asuntos públicos. El ciudadano está condicionado a percibir solamente el punto de vista del gobierno acerca de los asuntos relacionados con la política que no le atañen inmediatamente a su vida cotidiana. E incluso la prensa que virtualmente es crítica al régimen está programada para que su opinión no ataque asuntos medulares al gobierno. De esta forma, la democracia desvirtuada llega al último recinto del ciudadano que puede querer imponer sus deseos en la agenda de lo público, su mente, no para moldearla a su parecer, sino tan solo para garantizar su pasividad, necesaria para bloquear la actuación del gobernado en el desarrollo de lo político en la sociedad.
Los medios convencionales en Venezuela están o censurados o subordinados al Estado central, creando el proceso de percepción de realidad deseado por el Gobierno en dichos medios. Existe obviamente Internet, los portales digitales y las redes sociales, pero solo cerca del 60 % de la población venezolana tiene acceso continuo a Internet. A su vez, de esta minoría, solo una pequeña parte usa tanto portales de noticias como redes sociales para acceder a información alternativa a la que el Gobierno desea. Por lo tanto, la realidad de la opinión pública venezolana actual es que, en su mayoría, está fuertemente desinformada de los sucesos más importantes del país, especialmente los de carácter político. Usando cifras de la empresa de medición de opinión pública, More Consulting, vamos a ahondar la profundidad del abismo informativo en que vive la mayor parte de los venezolanos.
Una sociedad sub-informada
A finales de noviembre de 2019, la empresa de opinión pública More Consulting hizo un estudio de opinión pública para evaluar la percepción de los venezolanos sobre el contexto político, social y económico en que vivían. Desde las figuras políticas más populares e impopulares para los encuestados, hasta la percepción de si las navidades de 2019 eran mejores o peores que las de 2018, fueron valoradas en la investigación. Pero un elemento fundamental evaluado fue, sin duda, la forma en que los venezolanos se informaban de lo que sucedía en el país.
Un 33,9 % de los encuestados decía que la principal fuente para enterarse de las noticias políticas en Venezuela era la televisión; un 2,6 % la prensa escrita; un 5,6 % la radio y un 9,4 % decía que no se enteraba de los sucesos políticos del país a través de ningún medio. Es decir, cerca del 51,4 % o se informa a través de medios tradicionales condicionados por el Gobierno central o no se informa en absoluto sobre la situación política del país. En contraste, un 15,1 % de los encuestados decía enterarse de la situación política del país por medio de portales en Internet; un 10,3 % a través de la red social Instagram; un 9,6 % a través de la red social Facebook; un 5,2 % a través del sistema de Whatsapp; un 7,4 % a través de la red social Twitter; y un 1 % a través del sistema de Telegram. Es decir, saliendo de la desinformación o la información condicionada por el Gobierno, solo el 48,6 % de los venezolanos se informa a través de canales alternativos a los que domina o condiciona el Gobierno central. (Ver gráfico 1)
Ante otra pregunta de tinte comunicacional a los encuestados: ¿cuánto utiliza las redes sociales para informarse de los temas políticos del país? Las respuestas fueron mucha frecuencia 34,4 %, algo de frecuencia 17,2 %, esporádicamente 17,8 %, casi nunca 9 %, y nunca 20,9 %. Es decir, el mito de “Twitterzuela” u otras redes sociales enfocadas en la situación política del país es falso en cuanto que no es un termómetro para medir la opinión pública venezolana. (Ver gráfico 2)
Estudios de otra compañía de medición de opinión pública, Delphos, refuerzan esta tendencia de que los venezolanos siguen informándose de los principales acontecimientos del país a través de los medios de comunicación tradicionales del siglo XX: Televisión, radio y prensa escrita. El estudio de Delphos registra que el 58,2 % de sus encuestados se informan por medio de la TV; 9,1 % por portales web de noticias; 7,7 % por la red social Facebook; 7 % por radio; 5,3 % por la red social Twitter; 4,5 % por el dispositivo Whatsapp; y 5,3 % a través de amigos y familiares. Es verdad que se evidencia que los estratos socio-económicos A y B tienen una tendencia mucho más grande a usar portales de noticias web y redes sociales para informarse, que los estratos socio-económicos de ingresos más bajos, pero la concentración en los medios tradicionales para la búsqueda de información es omnipresente en todos los estratos.
Con énfasis en la TV, tenemos que preguntarnos si cuando los encuestados responden que se informan por este medio ¿Lo hacen a través de la televisión abierta venezolana? ¿Servicio de cable, DirecTV, Intercable o Supercable? ¿Televisión de carácter interactivo del tipo Netflix? Estos son elementos a tomar en cuenta en futuros estudios en la materia, porque los hechos políticos que a diario suceden en Venezuela son reseñados por la TV internacional desde hace mucho.
Falta añadir que, a través de la correlación estadística, hay una fuerte conexión entre informarse por medios tradicionales o informarse en absoluto, y ser políticamente oficialista o no alineado. Los ciudadanos que usan medios de comunicación tradicionales y quienes usan la Internet para informarse, suelen tener percepciones sobre la evaluación del gobierno de Nicolás Maduro de más de veinte puntos de diferencia, siendo los que se informan de manera tradicional los que tienden a evaluar de manera más positiva la gestión de gobierno.
Conclusiones
- Desde el 2002 hasta la presente fecha, el Gobierno ha hecho esfuerzos vigorosos y sistematizados para colonizar el sistema de medios de comunicación social del país, como forma para garantizar su estabilidad política y la imposición de su visión del acontecer político venezolano.
- Que esa colonización de los medios de comunicación del país en torno a temas políticos se ha enfocado en los medios tradicionales de comunicación como televisión, prensa escrita y radio. Por el carácter difuso de la Internet, le ha sido difícil colonizar los medios digitales para su proyecto político, aunque ha bloqueado múltiples portales de noticias de contenido crítico a la situación política del país.
- Que menos de la mitad de los venezolanos utiliza otros medios electrónicos vinculados al Internet para informarse de la situación política del país, es decir, no a través de medios tradicionales como los que domina de manera hegemónica el gobierno bolivariano.
- Que las redes sociales, especialmente Twitter, no representan ningún termómetro de la opinión pública venezolana. Cerca de la mitad de los venezolanos utiliza alguna red social o el Internet para informarse de la situación del país, pero solo un 10 % utiliza Twitter y un 15,1 % portales informativos de Internet.
- Que 21 % de los venezolanos no utiliza medios electrónicos o Internet para enterarse de la situación política del país.
- La televisión sigue siendo hegemónica. Es la forma como el venezolano común se entera del acontecer político del país.
Referencias
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MONTESQUIEU, Charles del Secondat (1984): Del espíritu de las leyes. España: Editorial Orbis.
MORE CONSULTING (diciembre del 2019): Estudio sobre la Navidad 2019.
TOCQUEVILLE, Alexis de (1999): La democracia en América. España: Editorial Alianza.
Rafael Quiñones
Sociólogo por la Universidad Católica Andrés Bello. Magister en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar. Consultor de investigación en More Consulting. Ha publicado diversos trabajos tanto en la revista Comunicación como en la revista SIC. Igualmente ha colaborado, como ensayista, en diversos libros colectivos.
