Hasta el momento, el gremio no ha sido consultado sobre la pretensión de cambiar la legislación
Este viernes 15 de julio, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se pronunció sobre la reforma a la Ley de Ejercicio de Periodismo, en la que trabaja la Asamblea Nacional electa en 2020.
La intención del parlamento, de mayoría chavista, es adecuar las normas a «las nuevas realidades» con las que los periodistas llevan a cabo su profesión.
Ante esto, el CNP señaló que aunque en los últimos años «las herramientas para la búsqueda, procesamiento y difusión de la información han cambiado, el espíritu, propósito y razón de ser de la actual legislación han permanecido intactos», y que la necesidad de llevar la noticia a la sociedad venezolana aún prevalece.
Seguidamente, exhortaron a los agremiados de las 26 seccionales a que eleven su voz y se movilicen para que «no se altere el espíritu de la Ley que desde hace 50 años previó el avance de una hegemonía comunicacional, ya fuera privada o estatal, promovida por la ignorancia, la ceguera ideológica o los intereses ajenos al pueblo venezolano».
“Hasta el momento, el gremio no ha sido consultado sobre la pretensión de cambiar la legislación que dio origen a la colegiación, como culminación de las luchas de la Asociación Venezolana de Periodistas en el año 1974, por lo que urgimos a esas instancias a escuchar nuestra voz y nuestras preocupaciones”, señalan en el documento.
Comunicado:
Cuando el gremio periodístico venezolano se apresta a celebrar el quincuagésimo aniversario de la primera Ley de Ejercicio del Periodismo, el próximo 4 de agosto, se ha dado cabida a un proyecto de reforma del instrumento legal que define y regula la actividad de la comunicación social en el país, con la excusa de su adecuación a las nuevas realidades con la que los reporteros y entrevistadores abordan la profesión.
Ahora bien, si bien es cierto que desde 1994 –fecha de la reforma de la ley– hasta la actualidad, las herramientas para la búsqueda, procesamiento y difusión de la información han cambiado, el espíritu, propósito y razón de ser de la actual legislación han permanecido intactos. Ya sea con máquina de escribir, fax y teléfonos de tonos o con Internet, redes sociales o celulares, la necesidad de proveerle a la sociedad venezolana información de calidad y responsable a partir de la formación universitaria de aquellos facultados para convertir datos en información socialmente significativa aún permanece intacta; que a pesar de que los tiempos han cambiado, la Ética sigue siendo la misma y las amenazas para quienes hacen de la libertad de expresión una bandera también.
El Colegio Nacional de Periodista es, según el Artículo 5 de la Ley, una “corporación de derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio distinto al Fisco Nacional; es custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y estar informado veraz e íntegramente y, al mismo tiempo, del derecho del periodista al libre acceso a las fuentes informativas” y para ejercer en el país, el periodista debe ser egresado universitario –es decir, haberse preparado adecuadamente para entender la realidad y transformarla en relatos accesibles al público– y estar inscrito en el CNP, que mediante el Tribunal Disciplinario hace valer el Código de Ética del Periodista, con lo que se garantiza en el país la aplicación de las mejores prácticas profesionales según los estándares internacionales. El CNP es garantía, en Venezuela, del ejercicio responsable del periodismo, o sea, que el profesional sea responsable de lo que escribe, hable o transmita, sin que haya judicialización ni cárcel para quienes, sea por la razón que sea, se aparten de estos.
Las sociedades modernas, infectadas por las noticias falsas, la desinformación programada y los paredones morales en los que se han convertido las redes sociales, necesitan de profesionales que se apropien de la ética.
En el caso venezolano, el ocultamiento premeditado de los datos oficiales por parte del Estado, la vocación censora del Gobierno a las voces disidentes y el uso del aparato legal para cerrar medios, apresar periodistas y de hacerse de la vista gorda ante las agresiones contra reporteros y ciudadanos comunes que se atrevan a disentir, necesitan de un gremio que unido luche por la prevalencia de los Derechos Humanos y de la Democracia. La ley actual, ratificada en el año 2004, faculta al Colegio Nacional de Periodistas como garante y defensor de la Libertad de Expresión en el país y esa es su mayor fortaleza.
Quizá por ello, grupos de personas –algunas de ellas, periodistas‒ ligadas a las esferas del poder, de espaldas siempre a las necesidades del gremio al no pronunciarse cuando a los colegas los han perseguido, censurado, encarcelado o atacado, ni cuando algún medio de comunicación independiente se ha visto cerrado compulsivamente –ya sea por acciones de los agentes de seguridad o por el ahogo económico ante la falta de insumos o publicidad–, ni cuando se han promulgado leyes que amordazan y condicionan la libertad de Expresión, como la Resorte-Me o la que supuestamente lucha contra el Odio, son los que piden la reforma de la Ley vigente que regula el ejercicio periodístico. Más allá de nuestras objeciones a los procedimientos electorales que llevaron a la conformación de la actual Asamblea Nacional, llama la atención que quienes hagan leyes se pongan de espaldas a la legislación vigente, pues el Artículo 5, numeral 7, de la Ley señala como fin del CNP la “cooperación con el diseño de las políticas comunicacionales del Estado”.
Hasta el momento, el gremio no ha sido consultado sobre la pretensión de cambiar la legislación que dio origen a la colegiación, como culminación de las luchas de la Asociación Venezolana de Periodistas en el año 1974, por lo que urgimos a esas instancias a escuchar nuestra voz y nuestras preocupaciones.
A lo largo de los últimos veinte años, el gremio periodístico ha visto la drástica disminución de medios de comunicación independientes, el cierre de espacios de opinión, de la instauración de una cultura de ocultamiento sistemático de la información pública, todo ello sin que se levanten voces desde las instituciones llamadas a defender la Democracia.
En ese lapso, hemos visto transformarse al reportero en un objetivo de guerra por parte de factores de poder y de grupos ideológicos enemigos de la expresión libre y del derecho del venezolano a decir, oír e investigar en el ámbito público sin cortapisas ni censura previa, el cual no solo está consagrado en la Constitución, sino en los tratados internacionales firmados por la República. Asimismo, hemos presenciado el silencio de quienes, directa o indirectamente, han tenido la posibilidad de oponerse a la impunidad de los casos de agresiones contra los comunicadores sociales, ataques que hemos denunciado oportunamente ante organismos nacionales e internacionales. Son esos grupos y esos mismos factores lo que pretenden cambiar la ley.
Ante esta situación, el Colegio Nacional de Periodistas llama a sus más de 25 mil 800 agremiados, distribuidos en sus 26 seccionales, a elevar su protesta individual, a organizarse, a movilizarse, a exigirles a sus dirigentes gremiales acciones concretas para que no se altere el espíritu de la Ley que desde hace 50 años previó el avance de una hegemonía comunicacional, ya fuera privada o estatal, promovida por la ignorancia, la ceguera ideológica o los intereses ajenos al pueblo venezolano.
Asimismo, convocamos a las organizaciones gremiales, universitarias, de investigación, docentes, de usuarios y de defensa de la libertad de expresión a la defensa de los principios que inspiraron la actual ley, con el fin de cerrar filas en pro de la defensa de nuestros principios.
El Colegio Nacional de Periodistas anuncia que próximamente está organizando un secretariado nacional con el fin de coordinar estrategias en todas las regiones para movilizar la opinión pública para que se dejen intactos los principios de libertad de expresión, de libertad de asociación, de la necesidad de la profesionalización y la preparación continua de los periodistas, de la posibilidad de que los agremiados sean juzgados por sus pares en asuntos éticos, todo en pos de la prevalencia de una profesión cuya misión es velar por informar desinteresada y correctamente a la gente para que tome decisiones acertadas en su vida.
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