María Fernanda Rodríguez
SUMARIO
Durante cinco meses un equipo de siete periodistas del medio de comunicación digital venezolano El Pitazo investigó cómo el Gobierno nacional asfixió presupuestariamente a las universidades autónomas del país, al tiempo que invertía millones de dólares en la creación de un sistema paralelo universitario discriminatorio dentro de lo que resultó ser una estafa, tanto financiera como académica: la Misión Alma Mater. En este artículo se explica cómo se hizo esta investigación periodística a partir de tres elementos claves que constituyeron indicios de reveladores hallazgos.
Introducción
Una experiencia, un informe y un tuit. Estos tres elementos fueron la base que proporcionó la pertinencia, justificación y viabilidad de la propuesta de un tema para abordar desde el periodismo de investigación en Venezuela. En septiembre de 2020 Connectas, plataforma para el periodismo de investigación en las Américas, publicó su acostumbrada convocatoria bianual para otorgar becas de producción periodística. La postulación para investigar malversación de fondos, politización y discriminación en la creación de un sistema universitario venezolano, paralelo al tradicional, así como la asfixia presupuestaria aplicada por el Gobierno a las universidades autónomas fue una de las propuestas ganadoras.
El periodismo de investigación en Venezuela ha crecido a pasos agigantados en la última década. Así lo refleja el número de postulaciones que recibe cada año el Concurso Nacional de Periodismo de Investigación, organizado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) desde 2009. En su primera edición se postularon un total de veintiséis trabajos de investigación, mientras que en su edición más reciente, la del año 2021, recibieron 105 postulaciones. Esto supone un crecimiento en más de 400 %.
La razón parece obvia: en un régimen gubernamental autoritario y corrupto, escasea la transparencia y reina el ocultamiento de hechos delictivos que, por tanto, son de interés público. Sin embargo, la metodología de la investigación periodística en Venezuela resulta compleja, por varios aspectos: el acceso a información que debería ser pública, a fuentes oficiales y extraoficiales, e incluso a testimonios de víctimas es limitado; los riesgos que corre el periodista que investiga a quienes tienen el poder son muy altos; la censura, la baja velocidad de conexión a Internet y las fallas de los servicios eléctrico y de telecomunicaciones son obstáculos para el periodista de investigación y para todos quienes ejercen esta profesión en el país.
Pero, a su vez, estas limitaciones se han convertido en retos que superan quienes se dedican a hacer periodismo de investigación en Venezuela. En cierta forma, el aumento de la censura y de los obstáculos para hallar y contar la verdad que poderosos quieren ocultar ha sido un impulso para mejorar las técnicas de investigación a través del ingenio, el trabajo colaborativo entre medios y periodistas y la hibridación de las redacciones con la participación de profesionales y expertos en diversas áreas. No hay duda: el periodismo serio que se hace hoy en Venezuela es de muy alta calidad. Así lo demuestran los premios y reconocimientos internacionales que reciben cada año trabajos hechos en el país.
La investigación periodística Universidades en rojo. Asfixia, control y estafa chavista en la educación superior venezolana fue el resultado de una propuesta financiada por el International Center For Journalists (ICFJ), guiada por la mesa editorial de Connectas y realizada por un equipo de periodistas de El Pitazo. Se publicó el 27 de mayo de 2021 en formato multimedia y para su desarrollo se utilizaron técnicas propias del periodismo de datos, fact-checking, periodismo informativo, periodismo interpretativo, reportería de campo y fotoperiodismo, bajo las premisas básicas del periodismo de investigación.
Una experiencia: vivir la destrucción que se investiga
Quien firma este artículo es la autora intelectual de Universidades en rojo. Asfixia, control y estafa chavista en la educación superior venezolana, en la que participó como coordinadora, reportera, redactora y fotógrafa de un equipo conformado por dieciocho personas, entre periodistas, diseñadores, editores y fotógrafos. Pero además es profesora en la Universidad de Los Andes (ULA) desde 2011, y fue esta experiencia como docente de una universidad pública el primer elemento que motivó la idea de investigar a fondo el declive de la educación superior en Venezuela.
La falta de presupuesto en las universidades públicas no es solo una denuncia que desde hace más de quince años vienen haciendo autoridades, sindicatos y gremios. Es una realidad cuyas evidencias padecen quienes hacen vida en estas instituciones como estudiantes, docentes y trabajadores. Fue precisamente la miseria salarial de los universitarios la que llevó a quien escribe a buscar otras fuentes de ingresos, encontrándolas, por fortuna, en el ejercicio del periodismo, donde es posible contar a través de la investigación el trasfondo de esta realidad.
Universidades en rojo. Asfixia, control y estafa chavista en la educación superior venezolana demostró que la reducción sistemática de presupuestos durante quince años a universidades públicas autónomas o contrarias al Gobierno nacional ha sido una política sostenida y no la consecuencia de la crisis económica que vive el país. Durante cinco meses tres periodistas que participaron en esta investigación analizaron exhaustivamente los presupuestos anuales de la nación desde 2003 hasta 2017, presupuestos de universidades autónomas, gacetas oficiales, decretos presidenciales, informes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros documentos oficiales y extraoficiales.
El resultado de este trabajo, que se transformó en la construcción de bases de datos propias, fue la constatación de que mientras el Gobierno reducía progresivamente los presupuestos otorgados a las diez universidades que no controla –seis autónomas y cuatro experimentales–, aumentaba su inversión en la creación de nuevas instituciones de educación superior politizadas, muchas de las cuales ni siquiera comenzaron a funcionar, así como en dos misiones fundamentales en su gestión educativa de tercer nivel: la Misión Sucre y la Misión Alma Mater.
A las universidades que no controla el Gobierno se les reducen los recursos progresivamente desde el año 2005. Para 2021 solo les fue aprobado entre 2,27 % y 0,4 % del presupuesto solicitado. La investigación periodística obtuvo estos datos con la revisión de presupuestos anuales de la nación, así como de presupuestos de las universidades autónomas y la referencia a datos presentes en Las universidades en tiempos de oscurantismo (2019), escrito por Keta Stephany, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y miembro de la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv).
Una vez hecha la revisión de presupuestos y documentos oficiales con técnicas del periodismo de datos, esta parte de la investigación, dedicada a mostrar las evidencias de las causas y consecuencias del deterioro de las universidades públicas del país, se entrevistaron los rectores de la UCV y la ULA y se visitaron cuatro sedes de universidades autónomas: la UCV en Caracas, la ULA en Mérida, la Universidad de Oriente (UDO) en Barcelona y la Universidad del Zulia (LUZ) en Maracaibo. Fotografías de sus espacios mostraron visualmente lo que se narró en texto y se precisó en cifras mediante gráficos e infografías que conformaron el trabajo multimedia de la investigación.
Un informe: la punta de un iceberg
En abril de 2019 el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó un informe titulado El sistema paralelo universitario en Venezuela. 2003-2019. Este documento dio origen a la idea de investigar desde el periodismo ese sistema de educación superior creado por el Gobierno. El mismo muestra parcialmente una de las aristas del trabajo que luego se hizo con una investigación más profunda y con criterio periodístico.
El segundo gran hallazgo de la investigación Universidades en rojo. Asfixia, control y estafa chavista en la educación superior venezolana fue revelar que entre 2003 y 2017 los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro destinaron más de 40 mil 866 millones de dólares al financiamiento de un sistema de educación superior donde priman la ideologización y la discriminación política. El citado informe del ODH-ULA asomaba estos dos hallazgos: la inversión en un sistema universitario paralelo que no paraba de crecer y la evidencia de casos de discriminación política con testimonios de las víctimas. La investigación periodística los profundizó mediante un análisis riguroso de datos y el contacto con algunos de los estudiantes que fueron expulsados de sus universidades por manifestar oposición al Gobierno nacional.
El análisis de los referidos presupuestos anuales de la nación sirvió también para evidenciar que aunque el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Universitaria creció 37,5 veces en catorce años, la cuota destinada a las diez universidades no controladas por el Gobierno disminuyó en más de la mitad, pasando de 69,95 % en 2003 a apenas el 33,43 % en 2017, último año que el Gobierno publicó el presupuesto nacional.
Otra revelación que mostró parcialmente el informe del ODH-ULA y que la investigación periodística logró determinar con precisión fue el número de instituciones de educación superior creadas o controladas políticamente por el Gobierno. Hasta la fecha de publicación de Universidades en rojo. Asfixia, control y estafa chavista en la educación superior venezolana, en el país existían 71 instituciones de educación superior públicas, de las cuales el Gobierno controla 61 a través de la Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos de Venezuela (Arbol). Más del 60 % de estas últimas, específicamente 37 instituciones, existían antes de que Hugo Chávez llegara al poder en 1999, pero fueron transformadas e intervenidas para lograr su dominio político. Las otras 24 fueron creadas por Chávez o Maduro, pero en su mayoría ocupan espacios de infraestructuras preexistentes y otras ni siquiera tienen sedes físicas. Su creación aparece solo en gacetas oficiales.
Un tercer hallazgo también se presentaba en el informe del ODH-ULA: la discriminación por razones políticas dentro de universidades controladas por el Gobierno. La investigación periodística revisó el expediente judicial de uno de los casos, que terminó en la expulsión de un estudiante de medicina de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en Mérida, por el solo hecho de cambiar el canal de televisión del ambulatorio donde esperaba para ver clases. Otros dos estudiantes sufrieron las mismas consecuencias, uno en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa) de Falcón y otro en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg) de Guárico. A un cuarto estudiante las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) de Mérida le impidieron asistir a su acto de grado porque se negó a leer un discurso donde debía agradecer al Gobierno por su educación. Este joven fue el mayor promedio de su promoción.
El equipo central de la investigación contactó a tres de esos estudiantes, logrando entrevistar vía telefónica a uno de ellos, Rafael Avendaño, quien luego de lo que vivió decidió emigrar del país y se encuentra en Estados Unidos con asilo político. Su testimonio inició y cerró el texto de la investigación.
Un tuit: la estafa en 114 caracteres
Un hallazgo que no se encontraba en el informe del ODH-ULA inició con la lectura de un tuit: “Que no quede en el olvido lo que comenzó el Presidente Chávez en Amazonas, nuestra Universidad Indígena Alma Mater”, escribió la cuenta Viendo al Sur el 10 de enero de 2019. Este mensaje, que nadie retuiteó ni manifestó gustarle, contenía el enlace a un artículo publicado en el portal web Aporrea, cuya autora fue clave en la investigación para constatar la estafa que significó la Misión Alma Mater.
El 25 de septiembre de 2007 Chávez anuncia la creación de la Misión Alma Mater. El proyecto tenía como objetivo la consolidación de 58 instituciones universitarias: 27 universidades se construirían desde cero, se crearían dos universidades especializadas y 29 colegios universitarios e institutos tecnológicos ya existentes serían transformados en universidades territoriales. Esto último fue lo único que se cumplió cabalmente de todas esas promesas.
Para la construcción de diez de las veintisiete nuevas universidades Alma Mater prometidas por Chávez el Gobierno destinó, al menos, 782 millones de dólares, según datos encontrados en presupuestos del Ministerio de Educación Universitaria y del extinto Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, así como en contratos oficiales firmados con proyectistas de las obras. A estos últimos el equipo de investigación tuvo acceso a través de la arquitecta Solángel Arenas, quien diseñó la sede de la Universidad Alma Mater Anzoátegui y cuyo contacto fue posible a través de un artículo de opinión de su autoría (2012), del que tuvo conocimiento el equipo de investigación a través del tuit citado al inicio de este apartado. El equipo también entrevistó a otros dos excontratistas para obras de la Misión Alma Mater, cuyos testimonios coincidieron con el de Arenas.
Además de precisar la cifra de una parte del dinero que el Gobierno malversó en obras que no se terminaron, cinco reporteros del equipo visitaron sitios donde se construiría igual número de las 27 nuevas universidades prometidas por Chávez. Este trabajo de campo permitió constatar que solo una de esas nuevas instituciones está en funcionamiento, la Universidad Martin Luther King, ubicada en el estado Lara y cuya infraestructura se culminó en apenas un 50 %, después de diez años de obras. La Universidad Internacional del Turismo y la Universidad Alma Mater de Amazonas son hoy elefantes blancos con construcciones terminadas en más de un 70 % que se comen el salitre, en el estado Vargas, y la selva, en Amazonas. En Anzoátegui y Distrito Capital, los terrenos donde se construirían otras dos universidades Alma Mater están baldíos.
La entrevista al exgobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, y su secretaria de gobierno permitió precisar fechas en las que se desarrolló la construcción de la Universidad Alma Mater Amazonas, paralizada desde 2015, así como actores involucrados en la misma. Solo en la tercera etapa, levantada entre 2013 y 2014, la Fundación Propatria 2000 desembolsó más de 30 millones de dólares para esta obra, según cifras que aparecen en documentos oficiales de esos años.
El periodista que visitó la construcción de lo que iba a ser la Universidad Alma Mater Amazonas también entrevistó a un joven perteneciente a la comunidad indígena jivi, quien anhelaba estudiar en esa institución jamás inaugurada. Su testimonio permitió humanizar las consecuencias de una estafa, de una malversación de fondos enorme que lejos de disminuir la brecha social venezolana para el acceso a la educación superior, la agrandó.
Conclusiones
Tres hipótesis justificaron el planteamiento de este tema de investigación como una propuesta para la segunda convocatoria de becas de producción periodística de Connectas y el ICFJ, y todas se comprobaron. La hipótesis principal sostenía que el Gobierno venezolano ha destinado más recursos a las instituciones universitarias bajo su control, mientras reduce progresivamente los presupuestos asignados a las universidades autónomas y ejecuta acciones para limitar su autonomía. Una segunda hipótesis apuntaba que las universidades prometidas por Chávez en la Misión Alma Mater no se habían construido. Finalmente, la tercera hipótesis señalaba que en las instituciones de educación superior controladas por el Gobierno prima la ideologización y discriminación política.
El gobierno aplica desde 2008 una reducción sistemática de los presupuestos que reclaman estas universidades tradicionales. Un buen ejemplo es el recorte de 6.800 millones de dólares sobre los fondos que ha sufrido la Universidad Central de Venezuela entre 2008 y 2017. En ese mismo período, las misiones Sucre y Alma Mater recibieron una inyección de 7.404 millones de dólares, según las cifras oficiales publicadas en presupuestos y Memorias y Cuentas del Gobierno.
Esta cita, textual de la investigación publicada, evidencia un trasfondo del planteamiento de la primera hipótesis: que la reducción de presupuesto a las universidades no controladas por el Gobierno ha sido deliberada y no una consecuencia de la crisis económica, como han dicho los gobernantes.
Además de asfixiarlas económicamente, desde el año 2005 el Gobierno venezolano ejecuta acciones que limitan el presupuesto y violan la autonomía de las universidades que no se doblegaron ante su control. Esta investigación determinó que, hasta abril de 2021, el Gobierno ha tomado al menos dieciocho medidas para controlar económica y administrativamente las funciones de las universidades públicas, mientras amplía un sistema universitario paralelo bajo su total dominio, el cual representa actualmente el 86 % del total de instituciones públicas de educación superior venezolanas.
La segunda hipótesis se constató con visitas a campo y revisiones de presupuestos, contratos y otros documentos oficiales. Estas revelaciones constituyeron el aporte más novedoso de la investigación, porque si bien desde hace años el periodismo informa sobre la crisis económica de las universidades y el citado informe del ODH-ULA fue el primero en advertir sobre la existencia de un sistema paralelo universitario, ninguna investigación, ni periodística ni académica, había mostrado con evidencias la estafa que significó la promesa de construir veintisiete nuevas universidades en el marco de la Misión Alma Mater.
La confirmación de la tercera y última hipótesis, con casos específicos de víctimas de discriminación, permitió demostrar que la política gubernamental de Chávez y Maduro sobre la educación universitaria no solo ha consistido en asfixiar financieramente a las universidades que no se someten a su control, ni tampoco construir un sistema paralelo de instituciones educativas. Además, el Gobierno politiza la educación superior y convierte en espacios de adoctrinamiento e ideologización aquellos donde la pluralidad de ideas debe constituir su esencia.
Esta investigación, como tantas en Venezuela y otros países con regímenes autoritarios, muestra que los periodistas de investigación apelan a recursos diversos para poder realizar sus hallazgos y revelar lo que los poderosos quieren mantener oculto. Desde realidades observables e informes de organizaciones expertas hasta artículos de opinión y tuits constituyen piezas de valor para armar los rompecabezas de las investigaciones periodísticas. Las limitaciones de acceso a información oficial, que se deben denunciar siempre como violaciones a la libertad de prensa y expresión, son a su vez obstáculos que disparan el ingenio de quienes a toda costa buscarán siempre dar a conocer las verdades que son de interés público.
Referencias
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RODRÍGUEZ, M. y otros (2021): Universidades en rojo. Asfixia, control y estafa chavista en la educación superior venezolana. Connectas, International Center For Journalists y El Pitazo. 27 de mayo. [Documento en línea]. Consultado el 20 de abril de 2022. Disponible en: https://www.connectas.org/especiales/universidades-en-rojo/
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Viendo al Sur. [@prensa2031]. (10 de enero de 2019): Que no quede en el olvido lo que comenzó el Presidente Chávez en Amazonas, nuestra Universidad Indígena Alma Mater [Tuit]. Twitter. Consultado el 20 de abril de 2022. Disponible en: https://twitter.com/prensa2031/status/1083372153431560192
María Fernanda Rodríguez
Licenciada en Comunicación Social y MSc. en Ciencias Políticas, ambos títulos por la Universidad de Los Andes (ULA). Profesora agregada del Departamento de Comunicación Social de la ULA en Mérida, donde coordina el Área de Formación Periodística y el Grupo de Investigación en Comunicación Política y Nuevos Medios. Miembro de la junta directiva de la Asociación Civil Investigadores Venezolanos de la Comunicación (InveCom). Analista del Observatorio Venezolano de Fake News y corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) y de El Pitazo.
