El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) manifestó recientemente que en lo que va del año se han cerrado 86 emisoras de radio en el país, lo cual constituye una nueva arremetida contra la libertad de prensa, un atentado contra la libertad de expresión y un severo daño contra la libre empresa.
El régimen de Maduro recurre a decisiones de órganos técnicos que, bajo pretextos legales, limitan la acción de los medios de comunicación, aparentando estar apegados a derecho, cuando en realidad temas como la renovación de concesiones pasan por la administración oficial y son manejados con enorme discrecionalidad, con lo cual se deja en un limbo jurídico a los prestadores de servicio, que en algún momento se ven afectados por la ejecución de medidas, como si el mismo órgano administrativo no tuviese ninguna responsabilidad en los retrasos y la falta de respuestas.
La nueva arremetida del régimen contra la prensa libre se une a la práctica cotidiana de temor a los medios de comunicación y se suma a la inseguridad que padecen los periodistas y empresarios de la comunicación, amenazados continuamente por prácticas oficialistas de hostigamiento mediante fórmulas seudo legales.
El manejo discrecional de las concesiones del espacio radioeléctrico, la venta de papel, la proliferación de emisoras y televisoras que no cumplen con la normativa, los bloqueos a canales y portales digitales, la promoción de un ejercicio del periodismo violatorio de la Ley, la presión a través de las pautas publicitarias, el cierre del acceso a las fuentes oficiales y el encarcelamiento y persecución contra profesionales de la comunicación, la censura y las presiones para la autocensura, así como el uso medios para sembrar la desinformación, son pruebas concretas de la disposición a continuar profundizando la construcción de una hegemonía comunicacional en la que se sustituyan la información, la opinión y el análisis, por la propaganda y el culto a la personalidad.
Cada medio o emisora cerrada, cualquiera sea su condición legal, es una ventana que desaparece y cercena la posibilidad ciudadana de informarse, en violación al derecho humano a la información consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la propia Constitución Nacional.
El Grupo Ávila denuncia la situación que atraviesa el ejercicio de la comunicación en Venezuela y alerta sobre las funestas consecuencias que tiene una política oficial que busca silenciar cualquier atisbo de control, investigación, crítica y seguimiento.
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