La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), organismo que pertenece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos expresa en este escrito-documento su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión y de pensamiento en el país. Concretamente hace referencia a las acusaciones del fiscal general de la República contra periodistas del portal digital Armando.info sin presentar prueba alguna. También se refiere a la llamada Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares (ver Comunicación No 206), y a la Ley de fiscalización regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y afines. Tanto las acusaciones del fiscal general, como los dos proyectos de ley, atentan contra el sistema democrático y el Estado de derecho.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por el incremento de hechos represivos contra periodistas y miembros de la sociedad civil en Venezuela y advierte sobre el deterioro del espacio cívico. Esta Oficina llama al Estado a respetar y garantizar las libertades de expresión y de prensa, indispensables para el restablecimiento de una cultura democrática y respetuosa de los derechos humanos en el país.
En 2024, la Relatoría ha continuado documentando restricciones severas al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En particular, se registran hechos de hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias, restricciones de acceso a la información, cierre de medios de comunicación y señalamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios del gobierno contra aquellos que investigan y participan activamente en asuntos de interés público y político.
De acuerdo con información pública, entre enero y abril de 2024, se registraron aproximadamente 128 agresiones contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, así como al menos 18 detenciones de personas por el ejercicio de su libertad de expresión.
Esta Oficina recuerda que el uso del poder del Estado y los mecanismos institucionales ordinarios para presionar, amenazar y castigar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación según sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión.
La Relatoría ha seguido con particular preocupación los reportes sobre las órdenes de aprehensión y allanamiento, así como la iniciación de investigaciones penales dirigidas contra al menos 7 periodistas y comunicadores, junto con otros activistas políticos, líderes sociales y miembros de la sociedad civil. En particular, preocupan reportes sobre las acusaciones del fiscal general de la República contra periodistas del portal digital Armando.info, a quienes acusó de pertenecer a una “estructura mediática extorsiva”, así como la detención del periodista Carlos Julio Rojas por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, instigación, asociación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Según reportes de la sociedad civil, estos hechos se enmarcan en el actual periodo electoral en Venezuela y son parte de una nueva ola represiva contra la libertad de expresión en el país. [Continua leyendo…]
