Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa
León Hernández/Argelia Perozo
SUMARIO
Un desempeño amplio en arbitrariedades estatales en contra de la expresión ciudadana, y un funcionamiento de la prensa limitado por cierres, medidas administrativas y periodistas detenidos por razones políticas caracterizó el periodo de estudio; uno de naturaleza electoral y de un ascenso en la escala de censura y constricción del espacio público. Las medidas estatales incluyeron la detención masiva de personas que se manifestaron en las calles tras los anuncios de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, y todo el panorama ubicó a Venezuela en el penúltimo puesto del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, con 6,52 puntos de cien posibles. Anexo a este texto ofrecemos al lector las conclusiones más destacadas sobre la quinta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, las cuales arrojan un resultado preocupante en torno a la situación de medios, periodistas y ciudadanos en el hemisferio.
Introducción
No ha habido progresos en Venezuela en materia de libertad de expresión y de prensa en el periodo de estudio. Por el contrario, el lapso comprendido entre el 2 de agosto de 2023 y el 1 de agosto de 2024 incluye la incorporación de nuevas variantes de mordaza a la expresión de ciudadanos y periodistas, así como una mayor presión a las distintas empresas de radio y televisión.
Las aún existentes vías no gubernamentales de comunicación que persisten en el ecosistema mediático sortean la situación con autocensura y eliminación de espacios de opinión e información que les eran habituales; sobreviven al cierre de más de 410 medios de comunicación social, en su mayoría estaciones de radio. Estos hechos han sido registrados por organizaciones como Espacio Público e IPYS Venezuela desde 2003, en tiempos de las primeras medidas en contra de las empresas de difusión, en el marco del proceso político iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro.
Las prácticas administrativas de cierre de emisoras radiales continuaron, así como la represión a la protesta ciudadana, ahora aderezada con el envío a prisión de manifestantes y testigos de oposición en las mesas electorales, bajo acusaciones de terrorismo, instigación a delinquir, crimen organizado, entre otras alternativas, para ser mantenidos en cárceles destinadas a delincuentes comunes, a lo largo y ancho de la geografía nacional. [Continua leyendo…]
