La reconstrucción democrática en Venezuela conlleva necesariamente la recuperación de un esquema mínimo de garantías en lo que respecta a la libertad de expresión, información y prensa. La generación de condiciones para una comunicación libre implica acciones inmediatas como el desbloqueo de los medios de comunicación digital, la restitución de concesiones, la liberación plena de personas detenidas por expresarse, el cese de la vigilancia e intimidación, hasta reformas legales e institucionales.
La posibilidad de estar informado/a y gozar de libertad de comunicación permite la toma consciente de decisiones, al ofrecer un panorama realista, dando lugar a acciones más pertinentes y con impacto real en el contexto inmediato. Es la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones, una de las principales condiciones para garantizar procesos auténticamente democráticos y legítimos.
Las acciones que enumeramos a continuación son de ejecución inmediata por parte del Estado venezolano para iniciar un proceso genuino de restitución de derechos civiles y políticos. Implican el principio de una reestructuración institucional que requiere más medidas y políticas a mediano y largo plazo. No están subordinadas entre sí ni guardan un orden específico, por lo que pueden llevarse a cabo de forma simultánea.
- Cesar de inmediato la persecución judicial por ejercer la libre expresión, que afecta a activistas e infociudadanos, así como a periodistas y trabajadores de la prensa reprendidos por su labor y profesión. Esto implica liberar de forma plena e inmediata a quienes estén encarcelados/as, y declarar sobreseimiento en los procesos judiciales arbitrarios.
- Detener los ataques discursivos, amenazas, intimidación y agresiones contra la prensa, evitar “listas” discriminatorias o estigmatización por parte de funcionarios, así como cesar medidas presión hacia los medios por sus líneas editoriales.
- Ordenar y ejecutar el desbloqueo de las páginas web, portales de medios, redes sociales como X, y redes privadas virtuales (VPN) que fueron bloqueadas arbitrariamente por las operadoras Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Digitel, Telefónica Movistar y demás servicios de internet.
- Derogar leyes restrictivas, entre algunas de las prioritarias están:
- Artículos que contemplan el vilipendio y los delitos de desacato en el Código Penal.
- Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
- Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica, y la Tolerancia.
- Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
- Restituir el carácter técnico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), reformar su composición y directiva bajo criterios de transparencia, legalidad, legitimidad e independencia, en especial del Poder Ejecutivo.
- Ordenar y ejecutar la devolución de las sedes, equipos de transmisión, antenas y mobiliario que fueron confiscados de manera arbitraria a medios de comunicación social.
- Ordenar y ejecutar la renovación automática o devolución de concesiones de radio y televisión que fueron revocadas arbitrariamente, incluyendo aquellas que culminaron por falta de respuesta del ente regulador.
- Garantizar y ejecutar la emisión o restitución de documentos de identidad a periodistas y trabajadores de la prensa, sin dilaciones, negaciones o represalias indebidas.
- Ofrecer acceso pleno, seguro e independiente a las fuentes de información oficiales: lo que implica abrir las salas de prensa de la Asamblea Nacional, Miraflores, Cancillería, ministerios y organismos públicos. Se debe garantizar el acceso a documentos que contengan información pública, datos y ruedas de prensa, sin restricciones indebidas ni discriminación de ningún tipo.
- Cesar la vigilancia y monitoreo de contenidos, equipos electrónicos y comunicaciones, por parte de funcionarios y civiles. Esto implica acabar de inmediato la revisión ilegal de teléfonos y respetar el secreto profesional de las fuentes en el caso de periodistas y comunicadores.
La Alianza por la Libertad de Expresión es una coalición de organizaciones civiles, gremiales, académicas y de derechos humanos venezolanas, dedicadas a la defensa de la comunicación libre para la construcción de la democracia. Este Decálogo lo suscriben las siguientes organizaciones parte: AB Ediciones, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Espacio Público, Expresión Libre, Instituto de Investigaciones de la Comunicación “Dr. Antonio Pasquali” de la UCV (ININCO), Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, Revista Comunicación, y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Caracas, 25 de febrero de 2026.
