Tras los recientes terremotos que dejan más de 3.300 fallecidos, más de 16.000 heridos y seis estados afectados, el servicio de internet en Venezuela se transformó en un mapa fragmentado. Mientras algunas regiones, principalmente las del sur del país, resisten gracias a la fibra óptica o se surten de conexiones cuyas matrices están en Colombia, otras sufren un calvario que combina conexiones obsoletas, rodeos internacionales para esquivar la infraestructura dañada y prolongados cortes eléctricos.
Los testimonios de los usuarios, entre ellos comunicadores que cubren la tragedia, pintan una realidad compleja: una conectividad que funciona como una malla a la que le han cortado algunos hilos.
La explicación técnica detrás de las fallas masivas apunta directamente a los daños en la infraestructura costera. “Hubo roturas y fallos en la costa por los terremotos. Algunas conexiones se han perdido y ahora deben enrutar por Colombia y otros puntos de la costa”, detalla el comunicador Luis Carlos Díaz.
Esta contingencia explica los reportes de baja velocidad y un pin muy alto desde el pasado 24 de junio, pero también ha generado un fenómeno inusual: “Algunas páginas se han visto desbloqueadas porque, por unas horas, la conexión puede pasar por lugares sin filtro. En la medida en la que se van estabilizando algunas conexiones, va mejorando todo pero se imponen los bloqueos”, añade Díaz.
El flujo de información es una necesidad humanitaria
Ante este escenario de conectividad intermitente y frágil, mantener la censura digital funciona como una medida de control político, además de ser una omisión de atención por parte del poder que se traduce en la vulneración del derecho a la vida y de la seguridad.
La infraestructura física está severamente dañada por los sismos en diversas regiones, el Estado tiene la obligación técnica de garantizar que los pocos canales informativos disponibles queden libres de bloqueos políticos. Desde Espacio Público hemos exigido el cese inmediato y definitivo de los bloqueos a todos los medios de comunicación y portales informativos.
Obligar a una población en crisis a consumir el limitado ancho de banda de sus conexiones para activar una VPN que les eprmita saber qué está pasando, frena la respuesta ante la emergencia y aumenta el riesgo de personas en condición de alta vulnerabilidad. En coyunturas de desastre, la fluidez de la información salva vidas; el bloqueo de medios la pone en riesgo.
Entre nodos caídos y la continuidad de los apagones
Para las empresas del centro y oriente del país, el impacto se localizó en un punto neurálgico. En San Fernando de Apure, el periodista Alexander Medina, usuario de la empresa Thundernet, destaca que comenzaron a experimentar “conexiones muy lentas con algunos intervalos de interrupción durante el día entre 4 y 5 minutos”.
El sábado 27 de junio les llegó un comunicado de la operadora donde informaban que las fallas recurrentes se debían a la afectación de su principal nodo de conexión, ubicado precisamente en La Guaira. En esa misma línea, la mayoría de los usuarios de Fibex reportan también “grandes fallas”.
La situación en el occidente ha corrido con mejor suerte debido a la naturaleza de su infraestructura. “La mejor operadora que funciona es WoW; Cantv es inexistente”, completa Medina.
Ronny Rodríguez, periodista en Maturín, menciona que su proveedor (2Net) notificó intermitencias tras el terremoto: “Desde el 25 de junio la hemos sufrido. Trabajo para dos medios, uno está fuera de Venezuela y usa el cifrado por medidas de seguridad. Cuando la conexión se ralentiza es difícil acceder al manejador de contenidos. A veces se estabiliza, pero otras vuelve a ralentizarse”.
A este panorama técnico se le suma el colapso de los servicios básicos. “Volvimos a los cortes eléctricos de 5 horas, a veces diarios y otras interdiarios. La semana pasada fueron martes, miércoles y viernes. Hoy, 6 de julio, comenzamos con un corte a las 10:00 a. m. La lentitud también impide acceder a plataformas de televisión por streaming como Movistar Go, Netuno Go y Simple Plus”, denuncia Rodríguez.
Sobre este último punto, Luis Carlos Díaz considera que la pérdida de acceso a estas plataformas puede deberse a la caída de algunos CDN (redes de distribución de contenido) o a que la ruta digital para llegar a ellos ahora es mucho más larga.
En Maracaibo, los usuarios de Airtek (red de fibra óptica) reportan un panorama distinto. Aunque la semana pasada el servicio estuvo algo lento, la velocidad de navegación ha mejorado paulatinamente; una recuperación más rápida que responde a que el cable sale de la misma costa zuliana.
La crisis terminal de CANTV
Para quienes dependen del suministro estatal de CANTV, la situación roza lo crítico. En Caracas, específicamente en la parroquia San José, reportan un servicio “lento, con caídas y sin fibra óptica”, el cual se ralentiza por completo justo antes de los breves apagones que ocurren en la zona.
“Mi internet es Cantv y no es por fibra óptica. Funciona con normalidad a veces, se va y viene, y la última cuota fue de 10 dólares a tasa BCV”, relata una usuaria afectada.
En estas zonas atrapadas en la obsolescencia, la velocidad está completamente estancada: “pago 10 dólares mensuales facturados a dólar BCV por 4 megas, que es lo máximo disponible que he detectado en mi casa y supongo que en la zona. Por eso no lo he cambiado; aún no está disponible la fibra óptica por Cantv sino por otros proveedores”, añade otra periodista.
Esta extrema lentitud, agravada por la crisis, no solo paraliza la productividad de los comunicadores en las regiones afectadas, sino que incomunica a miles de ciudadanos de las alertas, información clave y el entretenimiento básico en medio de la peor tragedia natural que vive el país.
Emergencia y control estatal
Una vez ocurrido el doblete sísmico, se saturaron las redes y hubo cortes de energía que dejaron a numerosas comunidades aisladas durante las horas más críticas. Ante los daños sufridos por parte de la red terrestre, operadores como Movistar, Digitel y Movilnet pusieron en práctica planes de contingencia para mantener las comunicaciones, apoyándose en tecnologías satelitales y servicios de emergencia.
Movistar, por ejemplo, activó el servicio Starlink Mobile de forma gratuita para los habitantes de La Guaira, una solución vía satélite que permite a determinados teléfonos compatibles enviar y recibir SMS incluso cuando la infraestructura móvil convencional queda fuera de servicio.
A esta respuesta se sumó el anuncio de Starlink de ofrecer un mes de conectividad gratuita a sus usuarios en Venezuela y acelerar el despliegue de terminales satelitales en las áreas más afectadas para facilitar la recuperación de las comunicaciones.
También Digitel y Movilnet habilitaron llamadas y mensajes sin coste en las zonas afectadas. En el sitio de la tragedia, hubo operadores que instalaron unidades móviles y ofrecieron WiFi gratuito.
Sin embargo, desde el gobierno que lidera Delcy Rodríguez, la tarea fue imponer más censura al espacio digital durante las primeras horas críticas.
De hecho, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), el 26 de junio de 2026, hizo un llamado a proteger el espacio digital en Venezuela y a garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, al advertir que las restricciones al acceso a internet continuaron durante las primeras horas posteriores a los terremotos. 1.
La ONU recordó que la Oficina ha documentado el bloqueo arbitrario de al menos 85 sitios web y restricciones que afectan a 39 plataformas de medios de comunicación a través de proveedores públicos y privados.
Lo que se observa es una doble crisis: la de la naturaleza y la de la censura. Por eso, en estos momentos de fractura, desde Espacio Público exigimos el desbloqueo total de los medios informativos para no restarle ancho de banda a la emergencia con el uso de VPN, plenas garantías para reportar en las zonas afectadas sin persecución militar, y facilidades para que los periodistas, locales e internacionales, puedan acceder a conectividad satelital sin trabas burocráticas. Informar en emergencia es una labor de asistencia humanitaria, y bloquearla es una vulneración al derecho a la información y a la supervivencia.
