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SUMARIO
La presente investigación analiza el impacto de la vigilancia digital y la criminalización de la crítica en las prácticas de participación política de los estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Partimos de la tesis del autoritarismo comunicacional y digital; se explora cómo la percepción de riesgo condiciona la expresión ciudadana. Mediante un diseño descriptivo de corte cualitativo, se aplica un cuestionario estructurado a una muestra de estudiantes de pregrado. Los hallazgos sugieren un vínculo directo entre la percepción de vigilancia y el despliegue de autocensura en redes sociales, desplazando el debate político hacia canales privados y cifrados (WhatsApp/Telegram), con el fin de proteger los espacios de deliberación y pensamiento crítico, frente a la erosión de la esfera pública.
Introducción
En la última década, el ecosistema digital venezolano se ha caracterizado por un entorno de control y monitoreo sistemático. La implementación de leyes que penalizan la opinión y el despliegue de tecnologías de vigilancia han reconfigurado la «plaza pública» virtual. La imposición autoritaria de normativas jurídicas se aplica discrecionalmente a través de sistemáticas prácticas de acoso, bloqueos a portales web y detenciones arbitrarias sustentadas en la Ley contra el odio, limitando la libertad de expresión y de información, así como los procesos comunicacionales y la deliberación política de los ciudadanos en la esfera pública.
La difusión de contenidos en diversas redes sociales como WhatsApp, Instagram, Tik Tok y X, ha provocado detenciones y procesos judiciales que generan mecanismos de censura y autocensura. Este último aspecto es central porque condiciona, limita y cercena no solo la opinión personal, sino que también incide en la acción social. El miedo se convierte en un eje que restringe la libertad de comunicación en los diversos ámbitos sociopolíticos.
Aunado a ello, en los últimos años se han intensificado las fallas en la infraestructura de telecomunicaciones y deficiencias de conectividad, aunque la fibra óptica se ha expandido en el territorio nacional, sus alcances son desiguales y amplios sectores aún dependen de la conexión a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), aunado a ello persiste la crisis estructural del sistema eléctrico en el país.
La intervención gubernamental se expresa a través del control de los flujos informativos y la limitación del debate público, dinámicas que no han cesado de presentarse en los últimos años. Según el Informe 2025: situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela de la asociación civil Espacio Público, se ha profundizado un modelo que afianza y prioriza la hegemonía narrativa del Estado desplazando cualquier forma de disidencia sociopolítica.
Mediante la implementación de dispositivos de vigilancia sustentados en la Ley contra el Odio, se forzó a la ciudadanía a la autocensura y al borrado de cualquier
elemento comunicacional en sus redes sociales y teléfonos móviles, lo cual terminó por desarticular y cercenar cualquier expresión deliberativa.
En 2025 registramos 44 detenciones arbitrarias, como represalia directa contra la expresión crítica, 22 de estos encarcelamientos fueron a personas particulares, quienes acumulan el 53,66 % de los registros. Mientras que del total de registros, 14 fueron por el uso de internet y redes sociales. (Espacio público, 2026)
El Reporte Anual del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela 2025: Las formas del silencio: periodismo en clandestinidad, marca un punto de inflexión debido a la institucionalización de la represión policial forzando el repliegue de los profesionales de la comunicación a la clandestinidad. Se contabilizaron 25 trabajadores de la prensa tras las rejas (cifra inédita en la historia contemporánea del país), además se documentaron 111 casos que agruparon 139 violaciones a la libertad de expresión. Destacan dentro de esta tipología de violaciones:
- Restricciones en Internet: 33 casos (la categoría con mayor incidencia).
- Agresiones físicas o verbales: 29 casos.
- Discurso estigmatizante: 19 casos.
Este informe analiza cómo las detenciones arbitrarias se ejecutaron como una táctica de intimidación colectiva, utilizada con mayor énfasis después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La represión estatal tuvo un efecto más pernicioso: la autocensura. [Continúa leyendo…].








