AUTOR: Alianza por la Libertad de Expresión
El camino para ingresar a una democracia plural y participativa, a una cultura democrática como forma permanente de vida en nuestra época, pasa por un sector de las comunicaciones democráticamente concebidas, ejercidas y reguladas, libres de las exigencias que impone una ideología. Desde ese principio, la Alianza para la Libertad de Expresión nos ofrece en este trabajo un resumen de las propuestas/metas que habría que implementar –en un nuevo gobierno– para alcanzar una nueva institucionalidad en las comunicaciones. Las políticas que se establecen, ampliamente discutidas por todos los miembros de la organización, deben asegurar una efectiva libertad de comunicar a todos en un ámbito de pluralismo democrático, modernidad tecnológica, empleo universalizado de las TIC y armoniosa convivencia entre vigorosos servicios públicos de medios de comunicación no gubernamentales, privados-comerciales y comunitarios
Venezuela atraviesa una crisis estructural sin precedentes en América, que se traduce en pésimas condiciones de vida que impiden gozar de derechos básicos como la alimentación, la salud o el trabajo digno. Esto generó una migración forzada que asciende a más de cuatro millones de personas en dos años, el mismo tiempo que lleva la economía en hiperinflación, lo que disminuyó el poder adquisitivo al punto de ubicar el sueldo mínimo por debajo de los tres dólares mensuales. La vulneración de los derechos económicos y sociales fue paralela a la imposición de un monopolio mediático para consolidar una versión unificada de la realidad, identificada con la verdad, como mecanismo de control social y político, a través de la férrea vigilancia sobre lo que se dice y, en particular, sobre lo que no se debe decir.
La ausencia de instituciones republicanas eliminó la posibilidad no solo de ejercer derechos, sino de exigirlos con garantías, lo que en un contexto no democrático tiene graves consecuencias. Este proceso fue paulatino. La consolidación de prácticas promotoras de la censura avanzó con la sanción de legislaciones restrictivas que dieron lugar a medidas arbitrarias cada vez más frecuentes. Un sistema judicial como brazo del poder político allanó el camino para criminalizar la opinión y el periodismo independiente. La administración discrecional del espectro radioeléctrico mermó y aún hoy amenaza los pocos espacios libres, con ello logró masificar la autocensura. Internet como salida ante la asfixia de los medios tradicionales ofreció alternativas novedosas y descentralizadas, sin embargo, los esfuerzos técnicos y políticos desde el poder para impedir la libre circulación de información son cada vez más expeditos.
Un proceso de reconstrucción democrática implica necesariamente recuperar un esquema mínimo de garantías, incluso desde antes y de cara a la ejecución de cambios tangibles. Generar condiciones para una comunicación libre pasa por acciones inmediatas como el desbloqueo de medios de comunicación digital, la restitución de concesiones, la liberación de personas detenidas por expresarse, el acceso libre al papel prensa, hasta reformas legales e institucionales. La posibilidad de estar informado y gozar de libertad de recepción permite la toma consciente de decisiones, al ofrecer un panorama realista dando lugar a acciones más pertinentes y con impacto real en el contexto inmediato. Es la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones, una de las principales condiciones para garantizar procesos electorales auténticamente democráticos y legítimos.
Esta agenda es producto de una jornada de consulta realizada en junio de 2019 con los miembros de la Alianza por la Libertad de Expresión, invitados especialistas en áreas de la comunicación, con experiencia en trabajo y gestión en medios de comunicación. La agenda propone medidas en materia del derecho humano a la libertad de expresión, de acuerdo a las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado venezolano; estas permiten delinear una serie de condiciones mínimas para una libre circulación de información e ideas, tanto para promover la reconstrucción de la institucionalidad como para su consolidación. Para ser democrática y sostenible a largo plazo, una transición exige auténticas garantías que ofrezcan resultados tangibles en el menor tiempo posible.
Las nueve temáticas planteadas están seguidas por las preocupaciones más relevantes que dan lugar a líneas de acción a corto (hasta tres meses) y mediano plazo (máximo seis meses). Las medidas van acompañadas de forma no exhaustiva por análisis o propuestas legislativas, estudios temáticos, así como sentencias y recomendaciones del sistema interamericano de protección de derechos humanos (Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
La Alianza por la Libertad de Expresión es una coalición de organizaciones civiles, gremiales, académicas y de derechos humanos, dedicadas a la defensa de la comunicación libre para la construcción de la democracia. Está integrada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDHUCAB), Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB (CIC-UCAB), Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, Dirección de Publicaciones de la UCAB, revista Comunicación, Escuela de Comunicación Social de la UCAB, Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, Espacio Público, Expresión Libre, Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social (Fevecos), Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV (Ininco-UCV), Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, Periodistas y Punto, Programas de Postgrado en Comunicación Social y Publicidad de la UCAB, Ser Investigación y Comunicación, Transparencia Venezuela y Un Mundo sin Mordaza.
Marco legal restrictivo
Leyes restrictivas que promueven la censura
Presiones económicas
Corto plazo
1. Derogar artículos que contemplan el vilipendio y los delitos de desacato en el Código Penal: 141, 147, 148, 149, 150, 151, 215, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 357, 442, 443, 444, 445, 448, 450 y 506.
2. Derogar la Ley de responsabilidad social de radio, televisión y medios electrónicos (ResorteMe) en tanto su redacción, interpretación e implementación, no se ajustan a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, y mientras carezca de garantías institucionales, orgánicas y funcionales para asegurar su independencia y legitimidad.
3. Revisar la Ley orgánica de telecomunicaciones (Lotel) y reformar en al menos los siguientes tres puntos:
Eliminar la posición dominante que se le adjudica al presidente de la República para suspender cualquier tipo de telecomunicaciones cuando este lo considere; y de ordenar cadenas nacionales de radiotelevisión o suspensión de servicios de telecomunicaciones cuando arbitrariamente este así lo determine.
Restituir el carácter técnico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), reformar su composición y directiva bajo criterios de independencia y transparencia. Esto supone desligar a la Comisión de toda filiación político-partidista o de subordinación al Poder Ejecutivo, y su interferencia en las decisiones. De esta forma las acciones deben gozar de transparencia, legalidad y legitimidad.
Transparentar el estatus de las concesiones de todos los medios en el país lo que implica dar a conocer a los medios de comunicación su situación administrativa ante Conatel. Restituir concesiones suspendidas en casos abiertamente violatorios de las garantías del debido proceso, injustificados legalmente, bajo procesos y dinámicas arbitrarias y poco transparentes.
4. Derogar aquellos instrumentos legales que no cumplieron con los requisitos constitucionales para su aprobación, entre ellos la “Ley contra el odio”, así como anular todos los actos inconstitucionales e ilegítimos de la Asamblea Nacional Constituyente en materia de comunicaciones y libertad de expresión. Suspender los procesos judiciales abiertos amparados en este instrumento y restituir las garantías de las personas que fueron perseguidas bajo esa normativa.
5. Revisar y ajustar los instrumentos legales restantes en materia de comunicación a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Tras la evaluación y según sea el caso, derogar o reformar estos instrumentos.
6. Cumplir las sentencias y decisiones del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión y acceso a la información, entre ellas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Ríos y otros; Usón Ramírez; RCTV; Rocío San Miguel y otras.
7. Promover condiciones económicas óptimas que den lugar al desarrollo libre de los medios de comunicación mediante una gestión sostenible y eliminar la presión financiera injustificada, que responde a prácticas estatales discrecionales, en especial la que se apoya en represalias político-partidistas a través de la gestión arbitraria de los órganos administrativos.
Mediano plazo
8. Iniciar un proceso de actualización de documentación a nivel nacional según lo establecido en la legislación a fin de regular la permisología de las concesiones.
9. Ajustar el proceso de administración de concesiones a criterios de legalidad, imparcialidad, razonabilidad, objetividad, transparencia y no discriminación. Revisar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Granier y otros vs. Venezuela que aporta parámetros para el reordenamiento del espectro radioeléctrico venezolano.
10. Revisar las decisiones pasadas y ajustarlas para garantizar el apego de estas decisiones a los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión.
11. Adecuar la normativa a las nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones. Se debe adecuar la legislación a la posibilidad de existencia de nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, entre ellas, la televisión digital abierta.
12. Analizar la Ley de comunicación del poder popular para determinar su adecuación y pertinencia de acuerdo a estándares en materia de libertad de expresión y acceso a la información, de cara a un sistema plural y diversificado de medios de comunicación mixto: públicos, privados, públicos no gubernamentales, y reforzar la participación comunitaria.
Sistema de medios públicos
Falta de pluralidad y esquemas de discriminación
Confiscación de propiedades y cierre de medios
Corto plazo
13. Eliminar el monopolio de medios públicos desde la promoción de la diversidad de contenidos, fuentes, tipos de medios y propiedad14. Esto debe responder a la gestión de órganos que se encuentren protegidos contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Los mecanismos de transición en la gestión de medios de comunicación deben ofrecer garantías en materia de derechos humanos para los trabajadores, lo que implica la prohibición de despidos masivos o injustificados.
14. Eliminar el carácter obligatorio e impositivo de la propaganda político-partidista promovida por el sector público. Regular la propaganda institucional mediante la adopción de reglas legales, transparentes y equitativas específicas sobre publicidad oficial15 en cada uno de los niveles de gobierno. Estas normas deben establecer la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal para evitar la utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión.
15. Someter a revisión aquellas estaciones de radio y televisión que se encuentran bajo el control del Gobierno a fin de ajustar la devolución de las concesiones que no respondieron a criterios de legalidad y debido proceso. Incorporar la totalidad de estaciones públicas y privadas a un régimen de concesiones transparente, abierto, legal y democrático, bajo la dirección de una Conatel de carácter técnico.
16. Eliminar el uso de los recursos públicos estatales para atacar, hostigar y criminalizar a periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general, por cuestionar al Gobierno. Suspender programación de financiamiento público que se use para perseguir a la ciudadanía bajo esquemas de discriminación política, social, económica, religiosa, cultural o de cualquier otra índole.
17. El Estado debe restituir concesiones removidas, suspender los procesos sancionatorios y retornar equipos confiscados en casos violatorios de las garantías del debido proceso, bajo acciones arbitrarias y poco transparentes.
18. Generar políticas públicas de apoyo económico a los medios de comunicación que cuenten con limitaciones financieras como consecuencia de las acciones estatales arbitrarias que dieron lugar a los cierres, como la negación de recursos, confiscación de equipos o suspensión de concesiones.
Mediano plazo
19. Diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen la actuación independiente y autónoma de los medios públicos16 a través de oferta plural, inclusiva, no discriminatoria, que responda a lógicas democráticas, transparentes, al servicio de todos los sectores del país, sin interferencia político partidista, en especial del partido de gobierno.
20. Propiciar condiciones que permitan el desarrollo de la producción nacional a través del financiamiento transparente de proyectos y promover una industria cultural plural.
Radio y televisión
Confiscación de propiedades y cierre de medios
Censura y no pluralidad
Crisis económica y asfixia financiera
Corto plazo
21. Cesar la política de discriminación que criminaliza a medios críticos o independientes. Evitar el discurso oficial hostil que ubica a los medios como “adversarios políticos” en todos los niveles de gobierno, desde cuerpos de seguridad hasta altos funcionarios. Esta narrativa busca justificar ataques, agresiones y políticas restrictivas hacia medios y sectores críticos, además de validar y promover la impunidad.
22. Cesar la transmisión de cadenas obligatorias de radio y televisión por su carácter ilegal e inconstitucional. Toda transmisión de este tipo debe ser excepcional y al constituir una limitación a la libertad de expresión, debe cumplir con una serie de requisitos para ser legítima: estar expresamente fijada en la ley; ser necesaria para asegurar el respeto de los derechos o la protección de la seguridad nacional, de acuerdo a criterios de proporcionalidad, tal como lo establece la Convención Americana en el artículo 131.
23. Promover el libre acceso a recursos, servicios y bienes necesarios para la gestión de medios de comunicación.
24. Identificar los requerimientos financieros para los medios de comunicación18, ofrecer condiciones y alternativas para estabilizar la situación económica de los medios, sea mediante la promoción de la inversión privada o la generación de incentivos fiscales.
25. Fomentar la innovación tecnológica, la aparición de nuevos medios audiovisuales y mejorar las condiciones de competencia de los medios nacionales respecto a los medios internacionales en el espectro de la televisión por suscripción.
Mediano plazo
26. Diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen la pluralidad informativa19. Esto implica una asignación apropiada de las frecuencias para usos de radiodifusión que ofrezca un espectro variado de servicios, líneas y enfoques editoriales, bajo procesos sostenibles, transparentes y legales.
Internet y telefonía
Infraestructura precarizada, desinversión
Ataques y bloqueos. Legislación restrictiva
Corto plazo
27. Actualizar el parque tecnológico nacional a partir de una política masiva de reinversión pública y privada que permita recuperar el sistema de telecomunicaciones.
28. Promover incentivos económicos, a nivel de inversión o exoneración parcial de impuestos, para generar condiciones de recuperación económica, bajo criterios de equidad e inclusión entre sector público y privado.
29. Cesar con la política de bloqueos arbitrarios por parte de las operadoras nacionales, públicas y privadas, como mecanismo de represalia por las líneas editoriales, contenidos críticos, o motivaciones político partidistas. Suspender los bloqueos y restituir las páginas suspendidas arbitrariamente.
30. Implementar un modelo multisectorial de gobernanza de Internet en Venezuela, donde el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil puedan participar del debate en lugar de dejar todas las decisiones en manos del Poder Ejecutivo.
31. Investigar y sancionar a los responsables de ataques a sitios web, cuentas personales e institucionales y otras formas de vulneración de cuentas e identidad en línea. Generar mecanismos más eficientes de protección de usuarios, sanción y respuesta institucional rápida dentro de las garantías del Estado de derecho, la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la privacidad.
Mediano plazo
32. Generar condiciones que permitan el desarrollo de una red de Internet de carácter universal y de calidad, que garantice neutralidad, libre acceso, así como una infraestructura estable y actualizada.
33. Transparentar y ajustar a criterios legales que garanticen la libertad de expresión y el acceso a la información todas las acciones que pretendan regular el uso de Internet. Esto implica que la creación de medidas debe estar sometida al test tripartito según los estándares internacionales en materia de derechos humanos: legalidad, necesidad y proporcionalidad.
34. Promover un marco legal que favorezca la inversión privada e incentive la competencia en el sector de las telecomunicaciones.
35. Proporcionar al órgano regulador, en materia de telecomunicaciones, independencia y capacidad técnica que garanticen la administración adecuada del Fondo de Servicio Universal y que refuerce los estándares de neutralidad de la red.
36. Reformar el marco legal que regula los contenidos en Internet en Venezuela, con la finalidad de proteger las libertades de expresión y comunicación y la privacidad de los datos personales que fluyen en el espacio digital.
37. Promover una cultura de transparencia en relación a los servicios de Internet y telefonía, con publicaciones regulares de mediciones, reclamos y respuestas a los usuarios, a fin de procurar y exigir un mejor acceso.
Medios impresos
Costos elevados de producción
Desaparición de medios
38. Descentralizar el acceso al papel prensa en manos del Estado. Generar condiciones para un acceso libre a los recursos, bienes, y servicios necesarios para la producción editorial y distribución de medios impresos. Eliminar el manejo arbitrario y discrecional de instituciones relacionadas con la producción editorial y medios impresos en el país.
39. Promover incentivos económicos y generar condiciones de recuperación financiera para estabilizar la situación de los medios impresos, así como procurar la reactivación de medios que cerraron por falta de recursos o negación arbitraria de estos.
Cine y producción audiovisual
Uso propagandístico e ideológico
Censura
Corto plazo
40. Restituir los derechos de productores y usuarios que fueron vulnerados por la prohibición o censura ilegítima de audiovisuales, es decir, por decisiones o políticas que violentaron el derecho a la libertad de expresión sin justificación válida dentro de la legislación nacional e internacional.
41. Generar planes públicos y transparentes de financiamiento, no gubernamentales, a fin de promover la producción plural de audiovisuales. Estos planes deben ser gestionados por comisiones integradas por los diferentes sectores profesionales, académicos, técnicos, sociedad civil y funcionarios.
42. Eliminar el uso de la industria cinematográfica pública para fines político- partidistas de grupos en el gobierno o para propaganda e intereses particulares de sectores con poder religioso, económico o de otro tipo. Toda propuesta debe someterse a evaluaciones transparentes que respondan a criterios de pluralidad, inclusión, autonomía, diversidad y no discriminación.
Mediano plazo
43. Revisar la legislación nacional en la materia, los incentivos, mecanismos de distribución y funcionamiento, prácticas tributarias, sin injerencia estatal o político-partidista. Promover el análisis para concretar una legislación consensuada e informada, con la intervención de todos los sectores involucrados, a fin de generar políticas públicas ajustadas a la realidad nacional con propuestas adecuadas para el contexto y las necesidades de la industria nacional.
Periodistas y trabajadores de prensa
Aumento de la represión e impedimento de la cobertura
Corto plazo
44. Eliminar el discurso hostil por parte de los funcionarios a todo nivel de gobierno, en particular el de altos funcionarios, en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, que los ubica como adversarios políticos, lo que promueve y garantiza la impunidad de las agresiones y violencia hacia los trabajadores de la comunicación.
45. Investigar y sancionar los casos de agresiones, intimidación, ataques y amenazas contra periodistas. Abrir o continuar procesos judiciales en estos casos, que sean expeditos, independientes y concluyentes, que permitan resarcir a las víctimas y evitar la repetición.
Mediano plazo
46. Generar condiciones institucionales que protejan el trabajo periodístico en particular y la búsqueda, recepción y difusión de información, opiniones e ideas en general. Esto pasa por consolidar un sistema de justicia autónomo, profesional e independiente, que investigue y sancione de manera efectiva los impedimentos ilegítimos, así como la promoción de políticas públicas que garanticen la pluralidad informativa y resguarden el acceso a la información pública.
47. En los casos de violencia contra personas por la búsqueda, recepción y difusión de información, opiniones e ideas, considerar como agravante en la sanción no solo el daño personal a la víctima, sino los derechos colectivos impedidos al tratarse de un obstáculo al acceso a la información como derecho.
48. El Estado debe promover la defensa de la comunicación libre y proteger el ejercicio profesional del periodismo en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos.
Infociudadanía y protesta pacífica
Esquemas de vigilancia, represión y persecución estatal
Corto plazo
49. Eliminar prácticas y políticas de vigilancia estatal que criminalizan la labor de infociudadanos, defensores de derechos humanos, trabajadores de la comunicación, trabajadores públicos o toda persona que denuncie situaciones críticas, corrupción o violación de derechos humanos.
50. Desarticular centros de vigilancia formales e informales, virtual y de seguimiento físico contra la ciudadanía como mecanismo de intimidación, y sancionar a los responsables de su gestión, lo que incluye toda la cadena de mando, desde el Poder Ejecutivo hasta los funcionarios que ejecutan las acciones.
51. Clausurar centros de reclusión ilegales o paraestatales, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y demás centros clandestinos de detención arbitraria, torturas y malos tratos contra las personas allí encarceladas, entre ellos los recluidos por motivaciones políticas durante el ejercicio legítimo de la protesta pacífica, asociación, expresión, participación, desempeño de cargos públicos o militancia partidista opositora.
52. Otorgar libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente, sometidas a violación sistemática de derechos humanos, procesadas por cuestionar al gobierno o considerados presos de conciencia. Resarcir los daños causados a las víctimas y familiares a través de la indemnización y el perdón público del Estado venezolano. Investigar y sancionar a los responsables por las violaciones de derechos humanos durante la detención, esto incluye al personal del centro de reclusión, funcionarios responsables del sistema judicial que ejecutaron, por acción u omisión, los procesos arbitrarios, así como los responsables del Poder Ejecutivo a cuyas órdenes responden estas políticas.
53. Derogar o reformar, según sea el caso, legislación utilizada para criminalizar la protesta pacífica.
— Ley orgánica de seguridad de la nación. Promoción y restricciones impuestas por las denominadas “zonas de seguridad”.
— Reforma del Código Penal 2005. Artículo 357.
— Ley contra el acaparamiento y el boicot.
— Ley de defensa de acceso a bienes y servicios.
54. Eliminar el uso de las “zonas de seguridad” como mecanismos para restringir y criminalizar la libre circulación y la protesta pacífica, en especial la protesta laboral y sindical.
55. Desarticular cuerpos de seguridad orientados a la represión sistemática, como la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.
56. Suspender el decreto de estado de excepción y emergencia económica, cuya prórroga indefinida es ilegal y otorga facultades de carácter vago, amplio y discrecional al Poder Ejecutivo, lo que facilita prácticas violatorias de derechos humanos.
Mediano plazo
57. Sentar las bases para la construcción de una justicia transicional que permita combatir la impunidad, investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, generar mecanismos adecuados de reparación judicial, económica y moral para las víctimas. Diseñar esquemas de control institucional que impidan la repetición de los casos.
58. Proponer una regulación en materia de datos personales que desde una perspectiva de derechos humanos, garantice la privacidad de las personas y el manejo legítimo y responsable de los datos dentro de la administración pública.
Acceso a la información y libertad de recepción
Control arbitrario de la información.
Promoción de la opacidad
Corto plazo
59. Hacer pública todo tipo de información en manos del Estado28. Esto genera la obligación de difundir la información que está siendo sistematizada en las instituciones –pero que por motivos ilegítimos dejó de ser publicada con regularidad– bajo los formatos más accesibles, en el menor tiempo posible.
60. Retomar la sistematización, producción y creación de información en las instituciones donde fue abandonada para que puedan cumplir con su obligación en materia de acceso a la información.
61. Retomar el proyecto de Ley orgánica para transparencia y el acceso a la información pública, ajustar sus lineamientos a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos: máxima publicidad, buena fe, test tripartito. Al respecto considerar las propuestas y aportes que realizaron las organizaciones de derechos humanos durante su propuesta.
62. Abrir las oficinas de prensa, los centros de información de las instituciones y adecuarlos para que hagan pública la mayor cantidad de información posible.
63. Con la normativa actual, los funcionarios tienen la obligación de dar respuesta a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos. Adecuar sus procesos internos para dar respuesta a las solicitudes de información.
Mediano plazo
64. Sancionar una “ley de transparencia” que regule el acceso a la información pública en el país. Esta debe A) Generar una normativa, vía decretos y demás normas sublegales, que promuevan políticas de transparencia para la administración pública y otros organismos. B) Crear un organismo responsable en materia de transparencia que vele por el cumplimiento de las políticas relativas a este tema. Sus decisiones deben tener carácter ejecutivo y ejecutorio.
65. Desarrollar un plan de acción de acceso a la información pública que sea adecuado a la realidad y consensuado.
66. Desarrollar un instructivo de buenas prácticas del Acceso a la información pública que explique cuáles son los lineamientos y criterios para una gestión pública, de acuerdo a criterios en derechos humanos.
67. Generar un proceso continuo de formación para funcionarios y ciudadanos para una aplicación adecuada de la ley de transparencia.
68. Adecuar el derecho al acceso a la información a las nuevas tecnologías para una mayor transparencia.
