Andrés Azpúrua
Iria Puyosa
Sumario
Con este informe, los autores –por la mediación de la organización VE SIN FILTRO– nos ofrecen un análisis detallado de las tecnologías de vigilancia que han sido usadas durante el gobierno de Nicolás Maduro y que continúan, aún hoy, bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodriguez.
A pesar del cambio de liderazgo, que tuvo lugar luego de la destitución de Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la extensa infraestructura de vigilancia –que cuenta con sistemas de monitoreo en video, intercepción de telecomunicaciones, ciberpatrullaje y ciberataques– continúa estando completamente operacional.
Lo que aquí ofrecemos es un sumario ejecutivo de una investigación-informe que nos documenta, asimismo, cómo este aparato de vigilancia, que ha costado más de mil millones de dólares, permite la expansión de sistemas integrales de control autoritario que facilitan la represión sistemática de unas 27 millones de personas.
Hallazgos clave
Infraestructura de videovigilancia: la infraestructura del circuito cerrado de televisión –CCTV– de Venezuela se ha convertido de modo sistemático, no en una herramienta para la seguridad pública, sino en un arma para el control político. Los proveedores, compañías chinas –en particular CEIEC, Hikvision y Dahua– dominan la cadena de suministro a pesar de las sanciones internacionales. Las capacidades avanzadas de reconocimiento facial y detección de matrículas, reforzadas además con inteligencia artificial, operan sin protección de la privacidad, supervisión judicial ni mecanismos de consentimiento ciudadano. El sistema de respuesta a emergencias VEN911 integra extensas redes de cámaras, lo que permite la rápida identificación y localización de disidentes, manifestantes y opositores políticos. La cooptación de sistemas en municipios liderados por la oposición demuestra hasta qué punto las infraestructuras independientes de seguridad están infiltradas con el fin de afianzar la vigilancia.
La llamada “Operación Tun Tun” de 2024 fue, además, el ejemplo de cómo se integraron múltiples vías de vigilancia en mecanismos coordinados para la persecusión: funciones de denuncia en VenApp, grupos de doxeo en Telegram, campañas de intimidación en Instagram y arrestos de puerta a puerta. Los procesos penales derivados del ciberpatrullaje se apoyan en contenido digital descontextualizado, sin análisis técnico-forense, procedimientos adecuados de cadena de custodia ni pruebas de daño concreto.
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