Fuente de la imagen: https://elnuevopais.net/2018/05/04/ong-espacio-publico-en-2017-se-registraron-1-002-denuncias-de-violaciones-a-la-libertad-de-expresion/
AUTOR: Espacio Público
La libertad de comunicar y la libertad de expresión sigue siendo en nuestro país un tema de conflicto y de profundas amenazas no solo para los periodistas, sino también para la industria de los medios de comunicación. Una vez más, la organización Espacio Público nos presenta su acostumbrado informe acerca de la situación del derecho a la libertad de expresión. Nos apunta, como preámbulo del informe, que entre enero y diciembre de 2018, se registraron 387 casos/situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de 608 violaciones al derecho.
Abstract
The freedom to communicate and freedom of expression remains in our country a matter of conflict and profound threats not only for journalists, but also for the media industry. Once again, the organization Espacio Público presents its customary report on the situation of the right to freedom of expression. As a preamble to the report, it is noted that between January and December 2018, 387 cases/situations were registered in which the right to freedom of expression was violated, which represents a total of 608 violations of the law.
Entre enero y diciembre de 2018, se registraron 387 casos/situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de 608 violaciones al derecho. Esto representa una reducción del 45 % de los casos y de 41 % en las violaciones respecto al 2017. Sin embargo, el 2018 se ubica como el segundo periodo con mayor cantidad de casos, al desplazar al 2014 que registró 350 situaciones en un tiempo de alta conflictividad social y política.
El impedimento de cobertura en la calle a través del desalojo, las detenciones arbitrarias, y el enfrentamiento que algunas veces escala en agresiones, se sostiene como patrón regular, con especial incidencia en periodos de alta tensión social o política. En mayo se llevó a cabo un acto electoral convocado por la ilegítima asamblea nacional constituyente, evento que no cumplió con las condiciones básicas para un proceso libre, universal, auténtico y democrático; esto recrudeció el panorama de la crisis política, empeoró la situación social y económica, ante la ausencia de condiciones y voluntad política para la ejecución de medidas correctivas eficientes. En agosto se aplicaron las medidas económicas por parte del Ejecutivo nacional que implicó un aumento salarial del 5.900 %, lo que se tradujo en el cierre de empresas por la incapacidad de pagar los sueldos, entre ellos al menos doce medios de comunicación.
De acuerdo a la Asamblea Nacional, la inflación anual se ubicó en 1.698.488,2 %. Los resultados preliminares de la Encuesta de condiciones de vida (Encovi) 2018 señalaron que la cantidad de hogares pobres se elevó a 48 %, mientras que el 94 % de las personas indicaron que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades y costos de vida. La opacidad en el acceso a la información pública impide conocer las reales dimensiones estructurales de la crisis. Desde el año 2015, el Banco Central de Venezuela no publica oficialmente las cifras de inflación o escasez, año en que también inició la emergencia humanitaria compleja traducida en un sistema público deteriorado, la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas, la muerte de personas por falta de medicinas o asistencia médica adecuada y el aumento del riesgo de los pacientes con enfermedades crónicas.
Exponer los alcances de la crisis tiene un alto costo para los funcionarios y trabajadores que denuncian la situación. Unas 51 personas del sector público fueron detenidas o retenidas, veintidós de estos funcionarios, en su mayoría militares de la Guardia Nacional Bolivariana, diecinueve son empleados de diferentes entes y diez laboran en el sector salud. Lo que representa el 40 % del total de detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión en 2018.
Violencia física
Intimidación, agresión y ataque
Limitaciones ilegítimas para realizar la cobertura, el desalojo de lugares e instituciones públicas, agresiones físicas contra reporteros y trabajadores de la prensa, detenciones arbitrarias, retenciones y requisas por el hecho de buscar información, revisión, confiscación o robo de equipos y material, ataques a sedes de medios de comunicación. Estas acciones suman 284 violaciones a la libertad de expresión.
Persecución de trabajadores públicos
La incidencia de manifestaciones y reclamos, en especial en entidades públicas: hospitales, industria eléctrica y petrolera e instituciones administrativas, fue reprimida por los cuerpos de seguridad, trabajadores públicos de mayor jerarquía e incluso grupos de civiles armados que actúan bajo la abierta omisión de las fuerzas de seguridad durante movilizaciones o protestas. Un total de 129 personas fueron detenidas o retenidas en su intento por buscar, recibir o difundir información o ideas durante el año 2018; el 40 % (51) acumula a personas que laboran en el sector público, entre empleados, funcionarios y trabajadores de la salud, el 36 % (47) son periodistas o reporteros durante coberturas informativas.
Al menos 92 personas que laboran en la administración pública a diversos niveles fueron perseguidas, amenazadas, hostigadas e incluso detenidas por exponer sus denuncias y dejar en evidencia la precariedad de los servicios públicos de gestión gubernamental.
Las agresiones (lesiones físicas) y ataques contra sedes o propiedades de medios de comunicación incluyeron al menos cuatro atentados y diez robos de sedes de prensa y gremiales en doce estados del país. Esto incluye un atentado contra el presidente del Colegio de Enfermeros del estado Barinas, Tomás Salazar.
El 36 % de las víctimas son periodistas o reporteros; 139 medios de comunicación, la mayoría de estos se vieron impedidos en su circulación (por escasez de papel) o en su difusión, por bloqueos de sitios web o ataques informáticos de plataformas, así como por atentados contra sedes físicas, en los estados Táchira, Zulia, Cojedes y Miranda.
En la mayoría de los casos, los cuerpos de seguridad arremeten contra reporteros durante la cobertura de calle, en particular durante manifestaciones públicas. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) realizó allanamientos, sin orden judicial, así como visitas en centros hospitalarios tras la denuncia sobre casos graves, producto de la crisis alimentaria.
El 17 de abril, el camarógrafo de la televisora NVHTV, Marvin Betancourt fue golpeado por tres escoltas de la secretaría de Gobierno durante la cobertura de protestas en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná, estado Sucre, al oriente del país. Betancourt recibió un puñetazo en el ojo y varias patadas mientras tomaba las declaraciones de los familiares y pacientes que aprovecharon el recorrido para expresar su descontento por las condiciones del Hospital.
El 24 de septiembre, el periodista Isnardo Bravo fue detenido por el personal del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mientras se disponía a viajar fuera del país con su hija. Los agentes del Saime le notificaron que tenía prohibición de salida del país y que debía esperar por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para que le tomaran una declaración. Bravo fue trasladado a la sede de la DGCIM ubicada en Boleíta, en donde permaneció detenido hasta horas de la tarde, cuando fue liberado ocho horas después. Bravo indicó que el motivo de la detención fue declarar en calidad de testigo sobre el caso del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Oscar Pérez. El periodista fue obligado a firmar una caución que le prohíbe hablar o escribir sobre el caso de Pérez.
En la madrugada del 14 de diciembre, la televisora comunitaria Afro TV, ubicada en San José de Barlovento, en el estado Miranda, al norte del país, fue robada e incendiada. Los delincuentes se llevaron las cámaras, computadoras, consolas, switcheras, fotocopiadora y micrófonos del master de la planta televisiva e incendiaron la sede del canal ubicada en el segundo piso del edificio Ceiba. El siniestro acabó con los archivos audiovisuales que el medio viene registrando desde el año 2010. Desde su creación hace ocho años, el canal denuncia situaciones de exclusión contra sectores afrodescendientes.
Violencia institucional
Censura, hostigamiento judicial, restricciones legales y administrativas
La censura estuvo vinculada al cese de circulación de impresos por escasez de insumos, impedimento de cobertura por parte de funcionarios, en especial durante manifestaciones públicas, exhortos y sanciones por parte de Conatel, así como ataques cibernéticos y bloqueos a sitios web. Este tipo de restricciones totalizan 267 vulneraciones a la libre expresión.
Menos papel, más bloqueos
La escasez generalizada de papel prensa desde el año 2013, tras la monopolización de la distribución del insumo por parte de la empresa estatal, Complejo Editorial Alfredo Maneiro, implica el cese de circulación de medios impresos, en especial de aquellos que manejan una línea editorial crítica o independiente del Gobierno nacional. A esto se suma la agudización de la crisis económica, lo que reduce la capacidad de los medios de comunicación, en particular las pequeñas y medianas empresas en el interior del país, ante las dificultades impuestas por la hiperinflación, la ausencia de divisas preferenciales, y la escasez de insumos para la imprenta en Venezuela.
Al menos cuarenta medios impresos salieron de circulación de forma indefinida. De estos, diez cesaron ante la imposibilidad de sostener sueldos tras la adopción de medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo el 20 de agosto de 2018. La agudización de la escasez de papel prensa, la crisis económica existente y más recientemente las medidas de aumento salarial, trajeron como consecuencia que sumen diez los estados del país sin periódicos: Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo.
Un total de 42 acciones entre bloqueos y ataques informáticos contra sitios web, medios digitales y cuentas personales de redes sociales, se registraron entre enero y diciembre de 2018. Del total de afectados (24), el 58 % (14) fueron sitios informativos, entre ellos El Nacional Web, La Patilla, Punto de Corte, Crónica.Uno, Tal Cual, Armando.Info, Mérida Digital y El Pitazo, cuyo acceso fue bloqueado por la operadora pública Cantv, al igual que las páginas de contenido sexual Youporn, PornHub, Xvideos. Asimismo, la operadora pública bloqueó el acceso a Tor, una red de comunicación anónima que sirve para evadir bloqueos. En estos últimos casos se trató de bloqueos por dirección IP, una nueva modalidad en relación a los patrones previos que implica un mayor nivel de sofisticación de cara a impedir el acceso y libre circulación de información.
La “Ley contra el odio” que, entre otras cosas, castiga las expresiones de odio hasta con veinte años de prisión, se empezó a aplicar este año. En diecinueve oportunidades el instrumento fue utilizado como mecanismo de amenaza o sanción contra trabajadores públicos, manifestantes procesados judicialmente, miembros de la Iglesia católica, periodistas para exhortarlos a “suavizar” su línea editorial cuando abordan temas que evidencian la crisis social, y contra medios digitales.
A continuación tres casos que dan cuenta del patrón de violencia institucional:
En marzo de 2018 el Diario Última Hora, del estado Portuguesa, anunció el cese de circulación los domingos por escasez de papel periódico. Para el 30 de mayo, se bajó la frecuencia de circulación a cinco días a la semana. A principios de agosto, dejó de circular de forma indefinida ante la imposibilidad de conseguir los insumos para la impresión; entre las causas el medio señaló la falta de dinero en efectivo para la compra del impreso por parte de los lectores; la falta de transporte generalizado, lo que limitó la distribución del medio y la falta de recurso humano por la migración de personal calificado. Finalmente, el 23 de agosto el medio dejó de funcionar incluso en la web ante la imposibilidad de asumir las consecuencias del aumento salarial decretado por el Ejecutivo nacional.
El sitio web informativo, Punto de Corte, sufrió varios ataques informáticos durante el año, en los meses de febrero, abril y junio. Los administradores de la página los describen como “ingresos no autorizados desde varios servidores en paralelo con varias muestras de Ransomwares de la familia WannaCry, cuyo objetivo aparente es realizar un cifrado masivo de ficheros de información del cliente Punto de Corte Agencia de Información.” El 12 de julio el portal fue bloqueado por varias horas luego de que se publicara una entrevista realizada por Sebastiana Barráez a Luisa Ortega Díaz, donde esta afirma que Chávez habría fallecido el 28 de diciembre de 2012 y no el 5 de marzo de 2013, como asegura la versión oficial.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la salida del aire de la emisora Estudio 96.7 FM de Barquisimeto, estado Lara. Según información confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la razón del cierre obedece al vencimiento de la concesión. El SNTP aseguró que la medida contra el medio, que estuvo en el aire durante treinta años, dejó a veinticuatro personas sin trabajo. Un colectivo oficialista tomó el dial tras la salida del aire de la emisora larense, con una radio constituida por afectos al Gobierno.
Restricciones en línea
En línea se registraron 66 violaciones a la libertad de expresión, el 62 % se tradujo en censura –por difusión restringida o impedida– de contenidos, por acciones de bloqueo (17) y ataques cibernéticos (25). Entre los medios digitales más afectados, con varios ataques, se encuentran: El Pitazo, El Nacional, Punto de Corte y La Patilla.
Las detenciones por publicaciones en redes sociales están vinculadas a contenidos que son de acceso público, opiniones o información, que cuestionan al Gobierno o revelan datos sobre la crisis social, económica y política que atraviesa el país. Entre enero y diciembre de 2018 se registraron diez casos con un total de 24 personas detenidas por el uso de redes sociales, la mayoría por publicaciones en Twitter y Facebook.
Entre los casos se encuentran:
Yonger Rosales, un joven de 21 años, fue detenido el pasado 10 de enero en su residencia, ubicada en Caño Amarillo, al oeste de Caracas, por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su detención habría sido por formar parte de un grupo de Facebook en donde se planeaban nuevas protestas antigubernamentales. Rosales fue liberado el 13 de junio, luego de permanecer encarcelado durante cinco meses en la sede del Sebin, en El Helicoide, Caracas. Esta liberación se gesta tras la solicitud de Nicolás Maduro a la comisión de la verdad de la ilegítima asamblea nacional constituyente, de la evaluación de casos “políticos”.
Tras la publicación de un vídeo donde divulgaba su opinión sobre la situación actual de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el ingeniero Argenis Prieto denunció que estaba siendo víctima de persecución por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y que se habrían llevado detenido a su padre.
El 20 de enero de 2018 el Secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, informó que el padre del ingeniero de producción del campo Tía Juana de Pdvsa Occidente fue detenido en horas del mediodía por el Sebin sin que existiera una orden expedida por un tribunal. En el video, Prieto expresa su “inquietud” sobre la crisis que ha afectado la producción de Pdvsa e insta a Manuel Quevedo a revelar la verdadera situación de la petrolera venezolana y cómo esto afecta la economía de los ciudadanos.
El 21 de septiembre, luego de las fuertes lluvias que se registraron en el estado Apure, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Destacamento 351, ubicado en el puesto de Buenavista El Meta, difundieron un video en donde se evidencian las condiciones de trabajo con las que cuenta el cuerpo de seguridad en el sector. En el video, que fue difundido por redes sociales, se puede apreciar cómo las distintas áreas del Comando se encuentran anegadas, afectando las condiciones de trabajo de los funcionarios.
El 25 de septiembre, los quince guardias nacionales fueron citados por sus superiores con el supuesto propósito de hacerle entrega de equipos electrodomésticos, sin embargo, fueron apresados y acusados de “traición a la Patria”, delitos que estarían contemplados en el Código Orgánico de Desobediencia Militar.
Violencia discursiva
Amenaza y hostigamiento verbal
Insultos, descalificaciones contra la prensa que la ubican como adversario político; amenazas a la integridad, propiedad y familiares de periodistas e infociudadanos por la difusión o cobertura de hechos sensibles para la opinión pública. Un total de 56 violaciones fueron contabilizadas en este contexto.
El 3 de agosto, la periodista Gabriela González se encontraba realizando la cobertura de la jornada de registro del carnet de la patria y el Censo Nacional de Transporte en la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad de Caracas, cuando ella y su entrevistado fueron amenazados por un grupo de civiles violentos. El señor que ofrecía su testimonio fue sorprendido por los agresores quienes le repetían que se fuera del lugar y que si continuaba declarando no lo censarían ni lo registrarían en el carnet de la patria. “Colectivos en la plaza Bolívar nos amenazan por tomar declaraciones de personas que no están de acuerdo con sacarse el carnet de la patria o censarse.
No solo nos amenazaron. También amenazaron al señor que declaraba, advirtiéndole que no le sacarían el carnet ni lo censarían” informó González a través de su cuenta en Twitter.
El 10 de agosto, Radio Criolla 92.9 FM, emisora de los llanos venezolanos, hizo público el acoso ejercido por la principal autoridad del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, Solfredi Solórzano, quien en una participación en vivo amenaza con “darle un escarmiento a esos habladores sin oficio, debemos darles un parado” refiriéndose a los locutores de Radio Criolla 92.9 FM. Los voceros de la emisora hicieron responsables a las autoridades municipales de cualquier situación que atentara contra la integridad física de su personal.
El 18 de septiembre, durante una rueda de prensa ofrecida por Nicolás Maduro, el corresponsal de AFP, Esteban Rojas, le preguntó al primer mandatario acerca del hecho en el que resultaron detenidos dos miembros del cuerpo de bomberos del estado Mérida por la presunta difusión de un video en donde comparaban a Maduro con un asno. El presidente se mostró indignado y le respondió al periodista “¿tú crees que esa es una pregunta para esta rueda de prensa?”, “¿tú eres periodista?”, “¿te graduaste dónde?”. Luego de negarse a responder la pregunta, le advirtió que estaba “fuera de nivel”. “No te voy a contestar esa pregunta. No la voy a responder”, sentenció.
El viceministro de Comunicación Internacional en Venezuela hostigó al periodista a través de su cuenta en Twitter, y publicó que luego de la rueda de prensa intercambió palabras con Rojas, asegurándole a este que había “botado la rueda” al hacerle esa pregunta a Maduro. Asimismo señaló a la agencia AFP como “uno de los principales centros de información mercenaria sobre Venezuela” y que “debería mejorar sus estándares de contratación y buscar periodistas que al menos sepan hablar y lo hagan con respeto”.
Exigencias y recomendaciones
El contexto nacional exige que se respete la libertad de expresión como derecho humano, a través de su promoción y garantía, para ello es necesario eliminar las barreras que puedan impedir de forma ilegítima su realización. El debate, la consideración de diversos puntos de vista, representa en Venezuela una herramienta democrática que contribuiría a la ampliación de oportunidades para la participación de las comunidades, a fin de superar la crisis nacional y recuperar la institucionalidad del país.
Reiteramos que el abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, sostiene un contexto polarizado y hostil para el ejercicio de la comunicación, la búsqueda y difusión de información que afecta al universo de la población que reside en Venezuela.
Las recomendaciones y exigencias insisten en la necesidad del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos a los cuales Venezuela está suscrita de manera voluntaria y en el compromiso, por parte del Estado, de garantizar las condiciones que permitan la participación plena y crítica de la ciudadanía.
Garantizar independencia por parte de Conatel y otros entes rectores en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, asignación de divisas para importación de papel e insumos para la prensa, con el objeto de que puedan existir medios de comunicación plurales en los que todas las ideas puedan ser expresadas.
Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, mediante la debida investigación y sanción de cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares.
Que el Estado cumpla cabalmente las obligaciones adquiridas en los convenios internacionales en los que se compromete a respetar y a proteger los derechos humanos. Ello implica ajustar el marco regulatorio venezolano a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos para evitar las incompatibilidades que existen, y debe permitirse la visita de los responsables de las Relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que puedan contribuir con las políticas públicas del Estado venezolano y la armonización con las obligaciones del Derecho internacional de los derechos humanos.
Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica y rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados. Un marco adecuado para este contenido de la libertad de expresión permitiría fomentar y mantener el debate público y permite a los afectados por imprecisiones u opiniones la posibilidad de argumentar y defenderse con los mismos recursos del medio o periodista.
Se propone realizar una revisión del Código Penal que suprima las figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos penados con privación de libertad. De esta manera las faltas al honor o reputación pueden ser resarcidas a través del derecho a réplica.
Actuar de manera coherente con el discurso de la participación pública e incentivar otras formas de participación distinta al voto, como la contraloría social, que requiere de una libertad de expresión plena de manera que logre ofrecer distintos puntos de vista, condición necesaria para la construcción del pensamiento crítico.
Promover una política pública centrada en la transparencia y el más amplio acceso a la información pública, lo que demanda la aprobación de leyes nacionales, estadales y ordenanzas; la aplicación de políticas concretas para favorecer la publicación proactiva de información; y el diseño de sistemas orientados a servir y responder a los ciudadanos. La política pública debe permitir el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos en forma oportuna, adecuada y con las debidas garantías de confiabilidad sobre los datos suministrados.
Establecer una regulación que limite el uso de las cadenas de radio y televisión para los eventos o situaciones que los requieran por estricta necesidad, ello implica revisar lo contemplado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Los procesos administrativos y judiciales deben realizarse con respeto a las garantías para el debido proceso. Ello demanda garantizar la independencia de los órganos y la estricta precisión de las normas que deben respetar el contenido del derecho según los estándares internacionales.
Marco teórico metodológico
El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etcétera); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.
A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.
Los tipos de violaciones se agrupan de acuerdo a las siguientes características:
AGRESIÓN: en el caso de periodistas/ciudadanos heridos o golpeados por civiles o por fuerzas de seguridad.
ATAQUE: en el caso de medios de prensa dañados o asaltados por la difusión de noticias u opiniones.
AMENAZA: en forma personal, por teléfono, por mensajes u otra modalidad. Agresión a las propiedades de un periodista/ciudadano, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo. Ataque, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.
CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.
INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.
HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas a revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.
HOSTIGAMIENTO VERBAL: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos.
RESTRICCIONES LEGALES: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.
RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo nacional, regional o municipal.
MUERTE: periodistas o ciudadanos asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico o por buscar/difundir información, o por motivo de este, luego de su realización.
