A un mes del 3 de enero, el espacio informativo venezolano no muestra señales de recomposición. Lo que se ha desplegado desde entonces es una secuencia de hechos que confirma la persistencia de un entorno adverso para el ejercicio del periodismo, marcado por controles directos, sanciones administrativas, advertencias públicas y un uso reiterado de la fuerza estatal como mecanismo de disuasión informativa.
Este escenario se vio reforzado por la declaratoria de Estado de Conmoción Exterior, mediante el Decreto N.º 5.200, que estableció un régimen de excepción de alcance nacional por 90 días, prorrogables. Aunque el decreto se fundamenta en disposiciones constitucionales y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, su redacción otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo sin definir con precisión qué derechos pueden ser restringidos ni bajo qué criterios. Esta indeterminación amplía el margen de discrecionalidad estatal y plantea riesgos directos para la libertad de expresión y el derecho a la información, al habilitar restricciones vagas y potencialmente desproporcionadas. Disposiciones como la posibilidad de perseguir a quienes “promocionen o apoyen” acciones militares, sin delimitar estos conceptos, abren la puerta a interpretaciones arbitrarias que pueden alcanzar opiniones, análisis o coberturas periodísticas, reforzando un clima de miedo y autocensura en un contexto ya marcado por la debilidad institucional y la ausencia de controles efectivos.
El 4 de enero, apenas un día después de los acontecimientos que sacudieron al país, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron durante aproximadamente dos horas a un equipo de Univisión Noticias mientras cubría un operativo en la frontera venezolana. Durante la detención, los agentes revisaron documentos y teléfonos móviles y procedieron a borrar material informativo ya registrado. Estas acciones constituyen graves vulneraciones al derecho a la privacidad, a la protección de las fuentes y a la libertad de prensa, al implicar la revisión y manipulación forzada de dispositivos de trabajo sin orden judicial ni garantías legales.El mensaje fue inmediato y claro: documentar y conservar evidencia periodística conlleva un riesgo directo, incluso para medios internacionales.
Este patrón se profundizó al día siguiente, 5 de enero, durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional en Caracas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó la detención de 14 periodistas y trabajadores de la prensa, 13 de ellos pertenecientes a agencias y medios internacionales. Aunque la mayoría fueron liberados horas después y uno de los reporteros fue deportado, durante las detenciones se registraron revisiones arbitrarias de equipos de trabajo, desbloqueo forzado de teléfonos móviles y rastreo de llamadas, mensajes y redes sociales.
Ese mismo día, dos corresponsales de El País, uno de nacionalidad española y otro colombiana, fueron detenidos en la frontera entre Cúcuta y San Antonio mientras realizaban labores de cobertura. Permanecieron varias horas incomunicados antes de ser liberados y regresar a Colombia. La reiteración de estos episodios en distintos puntos del país evidencia una política de control sobre el ingreso, la permanencia y el trabajo de la prensa extranjera.
En paralelo a estas acciones directas, enero estuvo marcado por el uso de mecanismos administrativos como instrumentos de censura. El 7 de enero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la salida del aire de la emisora Impacto 105.3 FM, ubicada en La Fría, estado Táchira, tras no renovar su concesión. La medida incluyó el decomiso de los equipos de transmisión, profundizando el vaciamiento del ecosistema radiofónico regional.
Días después, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) retuvieron durante unos 20 minutos a un equipo de Telemundo Network mientras realizaba una cobertura en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Durante la detención, los funcionarios obligaron a borrar el material audiovisual registrado, afectando directamente a dos integrantes del equipo y reforzando la práctica de eliminación forzada de contenidos periodísticos.
Hacia el final del mes, el 28 de enero, el canal Venevisión levantó de forma puntual el veto informativo que mantenía sobre la dirigente opositora María Corina Machado, al transmitir declaraciones relacionadas con una reunión con autoridades estadounidenses. Horas después, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, emitió una advertencia pública contra el canal, en un mensaje interpretado como una amenaza directa por amplificar una voz opositora. El 31 de enero, Venevisión denunció además que fue retirado de la Televisión Digital Abierta, sin notificación oficial previa, excluyendo su señal del sistema de transmisión gratuita y restringiendo el acceso de amplios sectores de la población a contenidos informativos.
El 30 de enero, Conatel ejecutó el cierre definitivo de la emisora comunitaria Unika 92.1 FM, en la parroquia Coche, Caracas, tras un procedimiento administrativo que incluyó la presencia de funcionarios del ente regulador y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Luego de más de diez horas de operativo, fueron incautados todos los equipos de transmisión, dejando a la emisora, con 19 años de trayectoria, fuera del aire. Según su director, Mario Moro, la estación había solicitado reiteradamente su habilitación legal, sin obtener respuesta formal, y había recibido incluso indicaciones verbales de que podía seguir operando.
Aunque durante enero se produjeron excarcelaciones de periodistas, estas ocurrieron en un marco de alta discrecionalidad y opacidad, y no implicaron una restitución de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. El 14 de enero se confirmó la excarcelación de 19 periodistas y trabajadores de la prensa que habían sido detenidos arbitrariamente entre 2022 y 2025, en el contexto de un patrón sostenido de persecución penal contra comunicadores y voces críticas, caracterizado por procesos judiciales irregulares, privaciones prolongadas de libertad y ausencia de garantías de debido proceso.
Los casos documentados muestran el uso reiterado de tipificaciones penales graves y desproporcionadas como terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria o asociación para delinquir, para castigar la expresión pública, el disenso político y la labor informativa. En múltiples expedientes se registraron impedimentos al ejercicio de la defensa privada, imposición de defensores públicos sin consentimiento, restricciones de acceso a los expedientes judiciales y episodios de incomunicación o desaparición forzada de corta y mediana duración, prácticas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.
Estas excarcelaciones se produjeron en un contexto político altamente tensionado, marcado por presiones internacionales, una crisis de legitimidad institucional y la necesidad del poder político de reconfigurar su narrativa interna y externa. Los anuncios oficiales sobre la liberación de un “número importante” de personas privadas de libertad contrastaron con los registros independientes de organizaciones de derechos humanos, que documentaron cifras significativamente menores y alertaron sobre la persistencia de cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país.
En el caso específico del periodismo, las liberaciones no alteraron el cuadro general. El periodista Rory Branker permanece privado de libertad y están intactos los mismos tribunales, las mismas figuras penales y las mismas lógicas de castigo selectivo que permitieron las detenciones arbitrarias. En este sentido, las excarcelaciones operaron como decisiones coyunturales, no como una rectificación estructural de las prácticas de criminalización del ejercicio informativo.
La libertad, presentada como concesión política y no como derecho, no repara el daño causado ni ofrece garantías de no repetición. Lo ocurrido este primer mes del año confirma que la censura en Venezuela no opera como una medida excepcional ni como una respuesta coyuntural, sino como un sistema de control estructural y sostenido. Las excarcelaciones parciales no desmontaron los mecanismos que permiten la persecución del periodismo; por el contrario, coexistieron con nuevas detenciones, cierres de medios y restricciones a la cobertura. El resultado es un espacio informativo condicionado por el miedo, la precariedad y la amenaza constante, en el que informar sigue teniendo un costo personal y profesional elevado, y en el que la ciudadanía permanece privada de garantías plenas para acceder a información libre, plural y verificable.
Ante este escenario, IPYS Venezuela exige:
- La liberación inmediata y sin condiciones de todos los periodistas y trabajadores de la prensa detenidos arbitrariamente.
- El cese de la criminalización del ejercicio periodístico, incluyendo el uso del sistema penal, administrativo y de seguridad para castigar la expresión y la labor informativa.
- El fin de las detenciones arbitrarias y prácticas de borrado forzado de información, así como de la revisión de dispositivos y comunicaciones privadas de periodistas.
- La restitución de las garantías para la cobertura nacional e internacional, sin intimidación, deportaciones ni restricciones arbitrarias.
- El cese de los cierres administrativos de medios y la devolución de los equipos incautados, así como garantías efectivas de pluralidad y acceso a la información.
- Garantías de no repetición, que incluyan reformas institucionales y el respeto efectivo al debido proceso, la libertad de expresión y el derecho a la información
