Índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa de la SIP: nuevo barómetro para países de las américas

NUEVO BARÓMETRO PARA PAÍSES DE LAS AMÉRICAS

Foto: AFP

Por León Hernández | Argelia Perozo

SUMARIO

Este informe  –Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa–  trata de darnos una aproximación, sobre la base de percepciones de periodistas y expertos, de la actuación institucional en materia de libertad de expresión y prensa en veintidós países del hemisferio. La delimitación de la medición resultante, en esta primera edición, quedó establecida por un lapso de estudio que va del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020. 

Presentación

El 10 de enero de 2019, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), radicada en Caracas, Venezuela, representadas por el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, y el rector de la institución académica, Francisco José Virtuoso Arrieta s.j., suscribieron un convenio marco con el cual acordaron actividades académicas y de investigación. El principal objetivo de la alianza establecida fue la elaboración del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas.

Este Índice está inspirado en los principios emanados de la Declaración de Chapultepec (1), de 1994; y la Declaración de Salta (2), de 2018, que reafirman el derecho a la libertad de expresión y prensa como base angular de toda democracia. El diseño de la herramienta para recabar y promediar los datos convierte en indicadores cuantificables las percepciones de los encuestados sobre aspectos tales como: las actuaciones y omisiones de las instituciones y funcionarios de las ramas del poder público, el acceso a la información pública, las garantías a la libre expresión y al ejercicio periodístico, así como los mecanismos de protección para los periodistas, entre otros asuntos.

A los versados en la materia que integraron la muestra se les consultó sobre el papel del Estado en cuanto a la imposición oficial de información, medidas administrativas o tributarias que discriminan a medios de comunicación, asignación arbitraria de frecuencias de radio, televisión y publicidad. Se les plantearon interrogantes sobre acceso a Internet, así como en torno a decisiones que afectan el flujo informativo; restricciones sobre los intermediarios tecnológicos y proveedores de medios; imposición oficial de criterios sobre el trabajo periodístico; sentencias judiciales emitidas por críticas al poder gubernamental; limitaciones al libre flujo de información por Internet y redes sociales; leyes que producen censura, violencia, persecución e impunidad contra periodistas; controles directos e indirectos a los medios de comunicación; cierre de empresas informativas, entre otras artistas.

El Índice también midió la influencia de los entornos Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las situaciones desfavorables a la libertad de expresión y prensa. La clasificación partió del diseño de un cuestionario con estándares metodológicos y estadísticos. Para la elaboración de esa herramienta se establecieron indicadores, dimensiones y pruebas piloto del instrumento, desarrollados durante año y medio de trabajo, con participación de profesores e investigadores en el área de Comunicación Social, Metodología y Estadística, por parte de la UCAB, y miembros de la comisión delegada de la SIP para la elaboración del Índice Chapultepec.

En nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, participó en la elaboración del Índice una comisión integrada por María Elvira Domínguez, vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la asociación; Roberto Rock, vicepresidente de las comisiones de Impunidad y de Libertad de Prensa del organismo; Roberto Pombo, vicepresidente regional de la SIP en Colombia; y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP.  Vicepresidentes y representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa también formaron parte de la medición, al ser parte de la muestra de expertos consultados.

Por la Universidad Católica Andrés Bello, el equipo académico estuvo coordinado por los profesores e investigadores León Hernández y Argelia Perozo, con las asesorías de la metodóloga Gloria Carrasco; el experto estadístico, Héctor Zea; el profesor y abogado, Jaiber Núñez; el editor y traductor, Andrés Ramos; la asistente de Investigación del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la UCAB, Andrea López. El periodista y doctor en Ciencias Políticas, Andrés Cañizález, lideró las primeras fases del proyecto, en el cual también participó como consultor el periodista, profesor e investigador, Marcelino Bisbal; y como administradora, Lizbeth Sánchez Meneses, directora del Secretariado de Internacionalización de la UCAB; todos ellos bajo la supervisión directa del rector de la UCAB, Francisco José Virtuoso Arrieta.

Así mismo, acompañaron el proceso veintidós corresponsales de igual número de países, periodistas que elaboraron los informes, presentando evidencias e interpretaciones de los resultados alcanzados. Junto a las 110 personas que aportaron sus respuestas como expertos, en el desarrollo del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa participaron alrededor de 140 profesionales de diversas áreas.

Los resultados que se presentan tienen como objetivo mostrar un referente sobre la acción de las instituciones del Estado en materia de libertad de expresión, que sirve para dejar registro de la situación de este derecho en materia institucional en los países de las Américas. Permite dar visibilidad a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que afrontan nuestros países en materia de libertad de expresión y prensa, garantías al ejercicio periodístico, control de medios y violencia e impunidad contra periodistas, por disposiciones u omisiones de sus gobernantes, legisladores y jueces.

Si desea obtener los reportes de los veintidós países contemplados en el barómetro, puede visitar la página web de la Sociedad Interamericana de Prensa, https://www.sipiapa.org/contenidos/home.html

Presentaremos, a continuación, una ficha metodológica, el informe de Venezuela, así como un anexo con las conclusiones generales del Índice Chapultepec.

Ficha Metodológica

Se realizaron consultas a 110 expertos, entre mayo y agosto de 2020, sobre el período de estudio comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020. Los resultados se delimitan a las percepciones de expertos a las acciones institucionales establecidas en el lapso del período de estudio. El parámetro para la selección de la muestra, compuesta de cinco personas por país, fue el siguiente:

• Un periodista.
• Un editor o director de medio.
• Un experto académico en materia de libertad de expresión.
• Un miembro de ONG encargada de observar fenómenos relacionados con la libertad de expresión y prensa en el país correspondiente.
• El vicepresidente regional o un alto representante de la SIP en el país respectivo.

Cuanto mayor sea la puntuación, más favorable será la posición alcanzada en el Índice de Libertad de Expresión y Prensa. Se establecieron, de acuerdo con la puntuación, cinco posibles agrupamientos:

• Países con libertad de expresión plena (de 81 a 100 puntos).
• Países con baja restricción de libertad de expresión (de 61 a 80 puntos).
• Países con parcial restricción a la libertad de expresión (de 41 a 60).
• Países con alta restricción a la libertad de expresión (de 21 a 40 puntos).
• Países sin libertad de expresión (de 0 a 20 puntos).

Se midieron percepciones sobre las actuaciones del Estado y el impacto en situaciones desfavorables a la libertad de expresión vinculado con el desempeño de sus funcionarios en sus ramas clásicas –Ejecutiva, Legislativa y Judicial–. De acuerdo con las percepciones obtenidas, la influencia de los entornos en las situaciones desfavorables a la libertad de expresión podía ser:

• Ninguna influencia desfavorable: cero.
• Influencia leve: de 1 a 2,5.
• Influencia moderada: de 2,51 a 5.
• Influencia fuerte: de 5,01 a 7,5.
• Influencia muy fuerte: de 7,51 a 10.

Los países que fueron considerados para esta primera edición del Índice Chapultepec son: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El compendio de resultados por países está acompañado de informes realizados por veintidós corresponsales y se compilan en el documento adjunto. La lectura de estos reportes permitirá una comprensión de los contextos que durante el lapso de estudio tuvieron impacto en materia de libertad de expresión y prensa.

Los indicadores del Índice Chapultepec fueron agrupados en cuatro dimensiones, que se definen a continuación:

DIMENSIÓN A: ciudadanía informada y con libertad de expresión

Comprende las acciones u omisiones de los poderes del Estado relacionadas con el derecho de la ciudadanía a estar informada y a poderse expresar libremente. El valor máximo teórico de esta dimensión es de veintitrés puntos. A partir de ella, se conceptualizaron dos subdimensiones:

• Flujo de información desde los medios: se refiere a la acción del Estado para favorecer el flujo de una información plural y oportuna a la ciudadanía. El puntaje máximo en esta subdimensión es de once puntos. El valor obtenido en ella depende de si se limita o no el acceso de los ciudadanos a la información pública, si los derechos vinculados a la libertad de expresión y prensa se restringen, si el Estado usa a su conveniencia el derecho a réplica como mecanismo de control de la información, si se emplea indebidamente el derecho al olvido para eliminar el registro histórico de asuntos de interés público, si se utiliza una estructura mediática con instancias públicas y privadas para favorecer la visión gubernamental en desmedro de la pluralidad, si se impide un servicio de Internet confiable, de calidad y accesible a la ciudadanía.

• Ciudadanía con libertad de expresión: en esta subdimensión se explora si el Estado genera posibilidades para que la ciudadanía se exprese en el espacio público. El puntaje máximo en esta subdimensión es de doce puntos. La calificación depende de las percepciones en torno a si el Estado favorece la censura de aquellos contenidos de información valorados como negativos para los sectores políticos que detentan el poder, si los poderes públicos inhiben expresiones de interés público en el espacio digital, si el Estado genera sanciones agravadas por expresiones de interés público en el espacio digital, si existen disposiciones tendentes a incrementar las acusaciones penales de difamación, calumnia y desacato.

DIMENSIÓN B: ejercicio del periodismo

Esta dimensión explora si el Estado garantiza el ejercicio del periodismo. Su puntaje máximo es de diez puntos y depende de si existen medidas del Estado sobre propiedad intelectual para proteger el contenido periodístico del plagio y del uso indebido; si hay disposiciones del Estado que den obligatoriedad a una afiliación de periodistas a colegios y asociaciones. Adicionalmente, mide si el Estado exige un grado académico para ejercer la tarea periodística, si el Estado restringe o deniega el acceso a fuentes oficiales de aquellos medios críticos a la postura estatal, y si este obliga a la revelación de las fuentes periodísticas, contemplando además acciones punitivas en contra de las mismas.

DIMENSION C: violencia e Impunidad

Incorpora las acciones del Estado destinadas a la protección de periodistas, la prevención de ataques y agresiones a comunicadores y medios de comunicación, el agravamiento de penas y legislaciones en pro de evitar impunidad en caso de crímenes contra periodistas y medios. Esta dimensión es la que recibe, por su importancia, la mayor ponderación para el cálculo del Índice Chapultepec, con un total de 42 puntos como máximo teórico.

Esta dimensión se dividió en tres subdimensiones:

• Persecución: los encuestados responden si el Estado favorece la persecución de periodistas y de medios de comunicación, cuyas expresiones (con intención o sin ella) sean consideradas a priori como una ofensa a los funcionarios del Estado o a grupos afines; y si este genera emisión de discursos de intimidación, estigmatización y odio contra periodistas y medios. Su ponderación es de quince puntos.

• Protección: tiene un puntaje asignado de diez puntos. Los expertos consultados indican si el Estado contempla un mecanismo de protección a periodistas, si ha tenido actos orientados a la prevención de ataques y agresiones a periodistas y medios, así como a la protección de ambos en casos de amenazas, y si existe la disposición de brindar entrenamiento a jueces en materia de agresiones, asesinatos y crímenes contra periodistas y medios.

• Impunidad: con un puntaje máximo de diecisiete puntos, deja el registro de las respuestas de los encuestados a las cuestiones relativas a si existen legislaciones para agravar penas en casos de homicidios calificados contra periodistas, si hay legislaciones específicas para evitar la prescripción de homicidios, agresiones y amenazas contra periodistas y medios, si existen sentencias o actos judiciales que incluyan agravamiento de penas en casos de crímenes contra periodistas y medios y si el Estado acata las sentencias o dictámenes internacionales para que acepte responsabilidad en delitos contra periodistas y medios y repare daños a las víctimas.

DIMENSIÓN D: control de medios 

Recibe una ponderación de veinticinco puntos. Se refiere a las acciones u omisiones sobre el control directo e indirecto de medios de comunicación. Se divide en dos subdimensiones.

• Control directo: cuantifica, con un máximo de dieciséis puntos, si ha habido, por parte del Estado, cierre, expropiación o confiscación de medios; así como uso discriminatorio de las disposiciones tributarias, generando privilegios fiscales para aquellos medios afines a las posturas gubernamentales o perjudicando aquellos medios o sectores de medios contrarios a la línea oficial. También contabiliza si el Estado permite que la concesión de permisos a medios, así como la asignación de fondos públicos y la publicidad oficial, se haga con criterios arbitrarios y discriminatorios. Valora, además, la percepción en torno a si el Estado ha revocado concesiones por criterios políticos.

• Control indirecto: pondera, con un máximo de nueve puntos, si el Estado da cabida a restricciones o bloqueos directos de las distintas plataformas digitales de información, consideradas contrarias a los intereses de los agentes de poder político; si el Estado aplica presiones a intermediarios tecnológicos –tales como los sistemas de televisión por suscripción, proveedores de Internet, e insumos–, a fin de evitar la difusión de ciertos contenidos por parte de los medios. Cuantifica la visión experta sobre si hubo o no restricciones sobre proveedores de insumos (papel, materia prima, componentes tecnológicos, electricidad, etcétera) que afectan la elaboración y difusión de información generada por los medios.

Influencia de los entornos

Como medición complementaria, se midió el grado en que los entornos – Legislativo, Judicial y Ejecutivo– afectan la libertad de expresión como consecuencia de su acción institucional. Adicionalmente, presenta una percepción sobre el grado en el cual cada entorno influye en situaciones desfavorables a la libertad de expresión. De esta manera definimos cada entorno:

• Entorno Legislativo: abarca todas las actuaciones y dinámicas institucionales dentro del Poder Legislativo, incluyendo el cumplimiento de los compromisos internacionales válidamente adquiridos por el Estado, relacionados con la configuración normativa del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, se relaciona con el desarrollo normativo en el ámbito constitucional y legal vigente para el momento del análisis, así como también posibles proyectos de reforma que tengan incidencia tanto positiva como negativa en el desarrollo del derecho a la libertad de expresión. Ejemplo: normas constitucionales y legales, discusión de nuevos proyectos de ley, reformas constitucionales en marcha sobre los temas definidos en las dimensiones.

• Entorno Judicial: corresponde al ámbito de actuaciones y dinámicas institucionales presentes en el Poder Judicial, en sus diversas manifestaciones y niveles, incluyendo el cumplimiento de los compromisos internacionales válidamente adquiridos por el Estado frente al derecho a la libertad de expresión del país analizado, tanto en el ámbito preventivo como reactivo, incluyendo de esta manera cualquier manifestación cautelar, interlocutoria o ejecutiva de la Potestad-Función Jurisdiccional del Estado. Ejemplo: sentencias en todas las instancias, medidas cautelares o procesos judiciales en curso sobre los temas definidos en las dimensiones.

• Entorno Ejecutivo: comprende todas las actuaciones y dinámicas institucionales de carácter administrativo y reglamentario relacionadas con el derecho a la libertad de expresión efectuadas por los distintos niveles de la rama ejecutiva del Poder Público del Estado, incluyendo el cumplimiento de los compromisos internacionales válidamente adquiridos por este, así como la aplicación de todo el régimen de licencias, concesiones,  autorizaciones, fiscalizaciones o sanciones que prevea la normativa del país analizado. Ejemplo: asignación de frecuencias, control de contenidos, régimen tributario y otros temas contenidos en las dimensiones.

Venezuela: ojos vendados y boca amordazada en crisis humanitaria

Resumen ejecutivo

Venezuela se ubica en el último lugar en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, con 3,8 puntos. La acción institucional, especialmente de los entornos Ejecutivo y Judicial, marcan no solo inacción por omisión en materia de protección y punición a crímenes contra los periodistas y la prensa, más bien definen una estrategia contraria a los derechos comunicacionales mínimos: Gobierno y tribunales actúan en procura de aplastar al periodismo y a las empresas informativas contrarias a los intereses hegemónicos del régimen de Nicolás Maduro.

Introducción

El lapso de estudio comprende el segundo período de gobierno de Nicolás Maduro, reelegido el 20 de mayo de 2018, en elecciones consideradas fraudulentas por opositores. Organismos como la OEA y autoridades de más de cincuenta países ven en el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juramentado el 24 de enero de 2019 como presidente interino, al legítimo gobernante.

La prensa trabaja agobiada por agresiones, detenciones, acciones judiciales y exilios en la turbulencia política. Siete periodistas y al menos 35 medios de comunicación fueron vulnerados en enero de 2020 (IPYS Venezuela, 2020), cuando cubrían las incidencias en las cuales efectivos castrenses impidieron a Juan Guaidó sesionar en el Palacio Federal Legislativo, como parte de una escaramuza en la cual diputados aliados al régimen de Maduro intentaron designar un Parlamento paralelo. Pese a lo ocurrido, Guaidó logró la reelección como líder de la Asamblea Nacional, y así continuar como presidente interino de la República, sin que esto haya significado la deposición de Maduro.

Se atravesó una contracción económica de 35 % en 2019, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. El país rebasó el nivel de miseria de Haití: 96,2 % de la población se encuentra en pobreza, el 79,3 % en pobreza extrema y hubo una pérdida de 3,7 años en la esperanza de vida de los venezolanos nacidos en el quinquenio 2015-2020, al ubicarse en 72,2 años (Encovi, 2020). Interrupciones de luz, acceso irregular al agua, escasez de gasolina y medicinas, problemas de movilidad por deficiencias en el transporte público, actividades de grupos irregulares en los estados fronterizos, brecha digital creciente, censura, hegemonía comunicacional y dominio indirecto de medios privados de señal abierta, son las características de la vida pública en Venezuela. Es el país con el mayor éxodo de refugiados y migrantes de América Latina y el Caribe en la actualidad, con 4,8 millones de refugiados y migrantes al 5 de febrero de 2020 (Acnur, 2020).

Desarrollo

Con 3,8 puntos, de un total de cien posibles, Venezuela es el país con el peor estatus en acciones institucionales relacionadas con la libertad de expresión en el hemisferio, y se ubica en la franja de naciones sin libertad de expresión en materia institucional. En esta percepción de los expertos consultados, la mayor atribución a esta situación está dirigida al entorno Ejecutivo, con una influencia muy fuerte, de 7,44, por encima de las actuaciones y omisiones en materia de libertad de expresión de las otras ramas del poder público.

Sobre los entornos: acción institucional contra la libertad de expresión

El 30 de abril de 2019, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), empleada como operador político por la administración Maduro, cerró la emisora radial privada más antigua del país, Radio Caracas Radio (RCR). La estación hermana de RCTV, canal televisivo cerrado en 2007 por Hugo Chávez, cubría los sucesos en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota), en Caracas, cuando opositores intentaban forzar un cambio político, sin conseguirlo al final de la jornada.

Al día siguiente, primero de mayo de 2019, inicio del período de estudio para esta primera edición del Índice Chapultepec, doce hechos violatorios a la libertad de expresión se produjeron en la cobertura de las protestas contra Maduro. El periodista Mauricio Cruz informó que efectivos de la Guardia Nacional, dependiente del Ejecutivo, efectuaron disparos contra él y colegas en Caracas. Entre los heridos de perdigones estuvieron el reportero gráfico John Quintero, el periodista Gregory Jaimes, los fotógrafos Juan Carlos Neyra y Rafael Ramírez, así como el asistente de cámara Rubén Brito. Aparte de los comunicadores lesionados en Caracas, otros resultaron agredidos y lesionados en el ejercicio de su labor periodística en el interior del país (Espacio Público, 2019).

El aparato burocrático, el poder militar y policial, así como toda la infraestructura pública sigue en manos del presidente Nicolás Maduro. A su poder hacen alusión los expertos consultados en el estudio. Ha empleado para la detención de periodistas y disidentes a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), organismo temido por sus prácticas, señalado por el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de realizar miles de ejecuciones en sectores populares por supuesta “resistencia al arresto” (Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019).

Tomando como argumento la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, también conocida simplemente como ley contra el odio, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente que el Gobierno impulsó para contrarrestar el poder de un parlamento adverso, el Poder Ejecutivo estuvo detrás de detenciones a periodistas y se hizo secundar en ello con la acción del Poder Judicial en el levantamiento de cargos y establecimiento de restricciones a la libertad. El Judicial aparece como el segundo entorno con mayor participación en la pésima evaluación de las acciones institucionales en materia de libertad de expresión en Venezuela, con una influencia fuerte, de 6,51, en los pesos dados por los expertos a los responsables de la baja puntuación del índice.

Recordemos, por citar un ejemplo, la privación de libertad del comunicador social Darvinson Rojas, registrada el 21 de marzo de 2020. Quince funcionarios del FAES tomaron su residencia, luego de que publicara en sus redes sociales un balance de contagiados que hacía notar una diferencia de cinco personas entre los 42 contagios confirmados por el poder central y la cifra de 47 que se desprendía de los anunciados por gobiernos locales.

Los efectivos ingresaron a la residencia con la excusa de buscar a una persona contagiada de COVID-19, y terminaron llevándose detenido a Rojas y a sus padres. Sus progenitores fueron liberados luego de horas; el comunicador, el dos de abril, doce días después. La causa sigue abierta y tiene medida cautelar de presentación periódica ante el tribunal, después de que le imputaran los delitos de instigación al odio e instigación pública en medio de una audiencia realizada la noche del lunes 23 de marzo, con un abogado que le asignó el Ministerio Público, a pesar de que Rojas ya contaba con uno que no fue notificado de la ejecución de la presentación, a pesar de que, junto a familiares del comunicador, se encontraba en la sede tribunalicia. Su caso produjo pronunciamientos de preocupación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), el observatorio Monitor de Víctimas y Human Rights Watch (HRW). La causa en su contra sigue abierta (IPYS Venezuela, 2020).

Así como se aprecia cómo el poder Ejecutivo no actuó solo en materia de violaciones a la libertad de expresión, secundado por el Poder Judicial, el entorno Legislativo tampoco aparece exento de influencia en las omisiones o actuaciones que se midieron en el estudio.

De acuerdo con los expertos consultados, el entorno Legislativo aparece con una influencia moderada de 3,93 puntos en el índice del país. Aunque el organismo más nombrado por la muestra es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), su papel es facultado por efectos de la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, promulgada en 2004, pero con efectos en el accionar de sanciones y cierres de medios decididos por el control institucional del régimen de Nicolás Maduro.

A pesar de esfuerzos consultivos de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, que ha acudido a académicos y a diferentes ONG en la consecución de planes de políticas públicas que incluyen la restitución de la libertad de expresión, la fuerza aplicada por el régimen de Maduro no ha hecho posible ninguna de las posibles reformas en la materia. En el seno de la gestión de Juan Guaidó, surgió el nombramiento, en enero de 2020, de una directiva que asumiría en su gestión las riendas del canal Telesur, hoy empleado como parte de la hegemonía comunicacional alcanzada por la administración de Nicolás Maduro. Adicional al impacto del anuncio, no ha habido mayor actividad por parte de esta directiva alterna.

Dimensión A: la venezolana es una sociedad desinformada y amordazada

La ciudadanía venezolana está muy lejos de ser una sociedad que ve cumplido su derecho a expresarse y a informarse. El pueblo, hambriento de información en servicios públicos, perdió la capacidad de acceder a la información sobre el estado de la infraestructura eléctrica, la situación del suministro de agua y el estado del suministro de combustible; mientras los periodistas que intentan acceder a la información son vejados o detenidos en coberturas, hostigados, intimidados y en ocasiones criminalizados.

La valoración de la acción institucional en la dimensión “Ciudadanía informada y libre de expresarse” está en 0,8 de veintitrés puntos posibles. La percepción se debe a casos como el registrado el 17 de marzo de 2020, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al médico Julio Molina, en el estado Monagas, por denunciar la situación crítica del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. Se le imputaron los delitos de incitación al odio, al pánico y a la zozobra de la comunidad y se le dictó arresto domiciliario (Espacio Público, 2020).

También un trabajador de una siderúrgica estatal del sur del país sintió el rigor de las medidas institucionales de Venezuela en contra del libre flujo comunicacional. Al ciudadano Elio Mendoza, de 53 años de edad y con tres décadas de servicio en Sidor (Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro), recibió medida de privativa de libertad, luego de ser detenido el primero de abril de 2020 por el reenvío de un mensaje en cadena a través de la mensajería de WhatsApp, en el cual supuestamente cuestionaba el perfil de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y aliado de Maduro. Fue imputado por los delitos de incitación al odio y difamación, y lo mantienen privado de libertad, no por escribir, pues lo que hizo fue reenviar el mensaje (Siverio, 2020). La subdimensión asociada con la libre expresión aparece en el nivel más bajo posible: 0.

Por otra parte, ha sido práctica de la administración Maduro emplear bloqueos y restricciones de Internet desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). En momentos de llevarse a cabo manifestaciones convocadas por la oposición, en simultáneo con alocuciones de voceros como Juan Guaidó, ha sido una práctica llevar a cabo bloqueos a ciertas plataformas digitales. El 16 de noviembre de 2019, en medio de una protesta convocada por el líder del Parlamento, la organización Venezuela Sin Filtro denunció que Cantv bloqueó por 55 minutos a YouTube, comenzando la interrupción justo al inicio de la alocución de Guaidó en aquel día (Efecto Cocuyo, 2019).

Otros bloqueos que configuran una estrategia para desinformar y boicotear el derecho a la información de la ciudadanía tuvieron lugar el 18 de marzo, cuando, de acuerdo con la ONG Ve sin Filtro, resultó bloqueado el sitio coronavirusvenezuela.info; y el 16 de abril, con sendos bloqueos DNS al sitio pvenezuela.com y a la página teleconsulta.presidenciave.org. 

Días antes del cierre del período en estudio, el 26 de abril, esta organización también identificó la clonación de la página web heroesdesaludve.info con la cual la Asamblea Nacional –liderada por Guaidó– promovía apoyo económico a los trabajadores del sector de la salud. Cuando los usuarios ingresaban al sitio por la operadora Cantv eran redireccionados a otro sitio web y bajo engaño ingresaban sus datos (Espacio Público, 2020). La subdimensión sobre el libre flujo de información se ubica en un muy bajo escaño para Venezuela en esta medición: 0,8.

Dimensión B: sin condiciones para el ejercicio del periodismo

En Venezuela, el Estado no solo deniega el acceso a la información pública, restringiendo los espacios con presencia de efectivos, también mantiene la opacidad impidiendo ciertas coberturas para que el periodista no llegue a levantar la información aguas abajo. De diez puntos posibles para el extremo positivo en esta dimensión, la calificación de la muestra sobre la acción institucional para las condiciones del ejercicio del periodismo en el país fue un muy bajo 1,8.

Ejemplo del por qué el índice precario en esta área, fue el caso vivido el 9 de marzo de 2020 por la periodista Karen Aranguibel, quien grababa una protesta de ciudadanos que exigían el respeto de turnos para el abastecimiento de combustible. Fue hostigada por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar y de la Guardia Nacional Bolivariana, así como por civiles, que llegaron a agredirla físicamente (EVTV Miami, 2020).

En otro caso, la acción institucional contraprofesional de la comunicación pasa por la sistemática destrucción del medio. Después de que el 30 de abril de 2019 fuera detenido en Monagas el locutor José Mercedes Muñoz, a quien mantienen recluido en un centro penitenciario, un día después, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana decomisaron el transmisor, una cónsola, un monitor y un ordenador de la emisora de su propiedad, Oestereo 99.7 FM, equipos que servían para mantener a la emisora en el aire. Autoridades locales habían anunciado “la ocupación” de la estación (Espacio Público, 2019).

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha denunciado que, desde el inicio de las medidas de cuarentena, por la llegada del COVID-19 en Venezuela, la censura y las pésimas condiciones para el ejercicio del periodismo continúan, con la detención de periodistas (para el 3 de mayo de 2020, el ente gremial había contabilizado la aprehensión temporal de veintidós profesionales del periodismo).

Dimensión C: violencia e impunidad contra periodistas

El Primero de Mayo de 2019 se agudizaron las agresiones contra los periodistas, sin que, en similitud con los casos anteriores, las autoridades investigaran los hechos, o establecieran sanciones a los funcionarios responsables por la brutalidad contra periodistas y ciudadanos en el marco de las protestas realizadas en diversas localidades del país (Córdova, 2019; Tal Cual, 2019). Tampoco hubo mayor investigación por el robo de equipos periodísticos, como el registrado contra la emisora Éxitos 100.9 de Mérida y Radio Nacional de Venezuela, denunciado por el periodista Leonardo León (Espacio Público, 2020).

En el período de estudio, la estructura institucional es la principal generadora de violencia contra los periodistas. Es una constante que no haya recepción de denuncias ni investigación alguna contra las agresiones de las cuales han sido víctimas los periodistas que resultan lesionados, como no la hubo en años previos, ni en relación con la cobertura de los sucesos del 30 de abril de 2019, un día antes del período de estudio; tampoco hay averiguaciones por los equipos robados y/o incautados a estaciones y a periodistas en los días siguientes. Las autoridades, por el contrario, intentan involucrar a los funcionarios de los diversos niveles, Ministerio Público y tribunales incluidos, en la criminalización de los comunicadores sociales.

De allí que los expertos consultados hayan atribuido a Venezuela una puntuación de 1,2 de 42 puntos posibles en materia de acciones destinadas a prevenir la violencia y a castigar los crímenes contra comunicadores sociales. No solo no hay mecanismos de protección para la profesión, en realidad, hay mecanismos de persecución que combinan el uso al descubierto de la fuerza pública, con civiles que, escudados en supuestamente simpatizar con el régimen, actúan al frente de la fuerza pública con total impunidad, al momento de agredir física o psicológicamente a los profesionales de la información.

Así sucedió con los periodistas agredidos en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar, en Maiquetía, a la vista de las autoridades, en momentos cuando cubrían el retorno al país del presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Tanto el político, su comitiva y representantes de los medios de comunicación que cubrían las incidencias fueron agredidos por simpatizantes del régimen, sin que se observaran acciones preventivas ni punitivas por parte de las autoridades de la sede aeroportuaria, dependiente del Ejecutivo nacional (IPYSve, 2020).

En dos de las subdimensiones en esta dimensión, sobre impunidad y persecución, Venezuela no obtuvo ningún punto a favor, ubicándose en el mínimo posible: 0.  La dimensión solo obtuvo 1,2 puntos en la subdimensión relacionada a la protección de periodistas, índice también muy por debajo de la media regional.

Dimensión D: medios abiertos bajo el control de Maduro, los digitales en asedio

Diversos medios privados venezolanos en señal abierta moderaron sus críticas desde tiempo atrás al período en estudio. Sus consecuencias aún se viven. Algunos pocos que siguen con posturas críticas, bajaron sus estándares o fueron cerrados como en el caso de RCR, un día antes del período analizado. Pero lo digital ha ido abultando presiones a partir del mecanismo favorito del régimen: la detención y luego la supresión parcial de la libertad.

El 19 de noviembre de 2019, la gerente de Entorno Inteligente, Ana Belén Tovar, fue detenida durante un allanamiento a la sede de este medio de comunicación digital, realizado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), supuestamente debido a la publicación de información asociada al ministro de la Defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Durante el procedimiento fueron retenidos varias horas los periodistas de dos medios de comunicación que cubrían las incidencias. Tovar permaneció detenida durante el resto del período analizado por la muestra y fue liberada el 6 de mayo de 2020 (Tal Cual, 2020).

Otro estilo es la destrucción económica del medio a través de la penalización por supuesta difamación e injuria del funcionario. Así ocurrió con el portal La Patilla, que, de acuerdo con sentencia del 4 de junio de 2019, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, aliado de Nicolás Maduro, deberá pagar al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, el equivalente a US $5.000.000, por “daño moral”.

Siguen vigentes las acciones que limitan la entrega de papel periódico a diversos medios disidentes, empleando como mecanismo la monopolización de la importación de este insumo, por medio de la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, dependiente del Ministerio de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro. El 14 de mayo de 2019 el diario Panorama, del estado Zulia, con 104 años de historia, se imprimió por última vez, debido a la situación precaria por las trabas para conseguir papel. Zulia fue el cuarto estado del país que se queda sin ningún tipo de periódico impreso, desde que fue implantado este método para entregar el recurso, favoreciendo a diarios aliados al régimen.

Bajo esta situación, era previsible que los encuestados dieran 0 a la Dimensión Control de Medios en sus dos subdimensiones –acciones para evitar controles directos o indirectos–, pues el repertorio de argucias para presionar a los medios de manera directa o indirecta tiene amplitud en la praxis política de Nicolás Maduro.

Conclusiones de la medición en Venezuela

Los terribles actos cometidos en el período de estudio en materia de libertad de expresión no han sido los únicos que han deteriorado el derecho a la información y a la libre circulación de ideas en la sociedad venezolana. La mordaza se ha estructurado desde el uso sistemático de la violencia impune contra periodistas iniciada con el discurso beligerante de Hugo Chávez en la campaña presidencial que lo llevó a la presidencia en 1999, y ha continuado con la imposición de controles, amenazas, detenciones, hostigamiento, violencia directa y exilio forzado de ciudadanos y periodistas.

La situación podría empeorar en el período siguiente a este informe. Han continuado las detenciones de personas por emplear sus redes sociales para mensajes incómodos para el régimen, y las restricciones por la cuarentena han dado piso a prácticas autoritarias en contra de periodistas y ciudadanos en general.

Podría decirse que en el clima que se vive en Venezuela, con una profunda caída de su economía, merma del desarrollo de iniciativas comerciales y el alto nivel de pobreza, los pocos medios de comunicación independientes tendrán pocas probabilidades de supervivencia. Es imperioso que la comunidad internacional siga apoyando desde afuera las iniciativas comunicacionales, que mantengan la denuncia por la restitución de la democracia en Venezuela.

La administración Maduro y sus aliados políticos nombraron una directiva del Consejo Nacional Electoral –CNE– conforme a sus apetitos de permanencia en el poder, con el fin de convocar a elecciones parlamentarias y controlar así el poder con el cual no ha podido contar. No podemos emitir futuribles, pero el periodismo independiente venezolano, aún presente en redes, podría verse aún más mermado de concretarse un cambio que lleve a nuevas reformas y más persecución en el ámbito de redes sociales. Aunque la ley contra el odio y su arquitectura arbitraria y personalista, ya juega a dar piso suficiente para seguir amordazando a la población, a fin de mantenerla con los ojos puestos en sus supuestos logros. Amordazada y con los ojos vendados está la sociedad venezolana.

Referencias

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Notas

1 Adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994.

2 Aprobada por la junta de directores y la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa reunidas en Salta, Argentina, el 22 de octubre de 2018. La Declaración de Salta plantea Principios de Libertad de Expresión en la EraDigital.

ANEXO

Índice Chapultepec

Conclusiones generales

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa representa una valiosa herramienta de medición sobre la acción institucional en materia de Libertad de Expresión y Prensa en países del continente americano, de acuerdo con los principios de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, adoptadas por la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994 y 2018 respectivamente.

Esta primera edición del Índice cubre al período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020. El Índice clasifica factores que intervinieron sobre la libertad de prensa, agrupados en cuatro dimensiones: Ciudadanía informada y con Libertad de Expresión, Ejercicio del Periodismo, Violencia e Impunidad, y Control de Medios. Además, el estudio ofrece una información complementaria sobre la influencia de los entornos institucionales –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– en las situaciones desfavorables a la Libertad de Expresión y Prensa.

Los resultados obtenidos muestran una fotografía de la situación de la Libertad de Expresión y Prensa en la región, a partir de la percepción de expertos de cada país. Cabe la pena destacar que, durante el período analizado, algunos países cambiaron de sistema político y de gobierno, otros pasaron por conflictos sociales de importancia y todos comenzaron a vivir las consecuencias políticas, económicas y sociales derivadas de las medidas adoptadas para prevenir la expansión de la pandemia de COVID-19.

El promedio global obtenido en la investigación fue de 51,42 puntos (sobre 100), lo que refleja una restricción parcial de la Libertad de Expresión y Prensa en la región. En cuanto a la primera dimensión, Ciudadanía informada y con Libertad de Expresión, el promedio fue de 12,7 sobre un máximo de 23 puntos. El Ejercicio del Periodismo obtuvo también un puntaje que muestra una restricción parcial: 6,7 sobre 10 puntos.

Con relación a la dimensión Violencia e Impunidad, los resultados fueron menos alentadores, obteniendo un promedio en la región de 13,61, sobre un máximo de 42 puntos posibles. En efecto, los resultados nos indican una alta restricción en esta dimensión.

En Control de Medios, el promedio global obtenido fue de 18,39 puntos sobre 25. Los expertos encuestados percibieron una baja restricción en esta dimensión en particular, salvo en el caso de los tres países peor evaluados en el Índice: Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Ninguno de los países analizados promedió el puntaje necesario para ubicarse en la franja de Libertad de Expresión Plena, (81 puntos o más, de 100 posibles). Ahora bien, a partir de los resultados, en los siguientes países se percibe una baja restricción a la Libertad de Expresión y Prensa: Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Perú, Paraguay y Jamaica, 8 de los 22 que integran la investigación.

Chile fue uno de los países en donde se vivieron conflictos sociales de importancia regional, pero, a pesar de ello, logró liderar el Índice con 80 puntos sobre el máximo de 100, presentando entornos favorables para el ejercicio pleno de la libertad de expresión ya que se percibe que los órganos del Estado tienen injerencia leve en las situaciones desfavorables. Sin embargo, destaca la preocupación ante situaciones de agresión e impunidad que puedan afectar a los periodistas y otros profesionales de la comunicación, durante situaciones de conflictividad social. Los desafíos a los que se enfrenta la libertad de expresión en este país del cono sur, devienen de los resultados del plebiscito estimado a llevarse a cabo el 25 de octubre del año en curso, lo que también representa una oportunidad para que los medios salgan revalorizados a partir de las estrategias aplicadas durante la pandemia.

El resultado positivo de Argentina, con 77,2 puntos, estuvo favorecido por las relaciones constructivas de los diferentes entornos del gobierno con los medios de comunicación. Esta estrategia impulsada por el máximo representante del Poder Ejecutivo (Mauricio Macri) permitió el trabajo de los periodistas con mayor libertad, lo que se reflejó en el puntaje obtenido. En el caso de este país, hubo una alternancia de gobierno en medio del período analizado y a su vez, un ligero cambio de estrategia de los distintos órganos del Estado hacia los representantes de la prensa. La pandemia también afectó considerablemente el ejercicio del periodismo en el país. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de reforma que podría encender las alarmas de la región, ante un probable desmejoramiento en la posición alcanzada en esta edición del Índice.

El tercer país en la posición más favorable en cuanto a la Libertad de Expresión y de Prensa fue Costa Rica, con 76,8 puntos. Efectivamente, este país garantiza el ejercicio de este derecho gracias a un marco jurídico blindado y al respeto que los distintos poderes tienen ante la defensa de los Derechos Humanos. En este caso, el efecto económico de las medidas adoptadas para combatir la expansión de la pandemia de COVID-19 ha sido uno de los mayores obstáculos para el país.

Con 74,4 puntos, la República Oriental del Uruguay, sigue en la lista ofreciendo una imagen de país con un clima favorable a la libertad de expresión. Sin embargo, presenta algunas restricciones asociadas a la influencia del poder Ejecutivo. También podrían encenderse las alarmas ante los resultados de un anteproyecto de ley relacionado con el ejercicio de la Libertad de Expresión. Efectivamente, una de las mayores debilidades en este país, lo representa el diseño institucional de normativas regulatorias para los medios.

Canadá ocupa el 5to. puesto del Índice Chapultepec con un puntaje de 71,4 puntos. En este caso existe una clara garantía de los derechos de Libertad de Expresión y Prensa. La discusión se centra precisamente en la distinción en el alcance entre ambos derechos. A pesar de ser una democracia consolidada, se presentan situaciones, de carácter económico, que afectan el libre desenvolvimiento de los periodistas y la credibilidad de los medios tradicionales en general.

La percepción de los expertos sobre Perú, con 67,8 puntos podría deberse principalmente a la baja influencia de los entornos en cuanto al control de los medios, De hecho, el país busca defender la Libertad de Expresión, aún con una frágil institucionalidad, por temor a volver a fórmulas pasadas de gobierno. Se apalancan también en la proliferación de medios no tradicionales, creados a partir del desarrollo tecnológico. Sin embargo, las mayores debilidades se encuentran en las situaciones de violencia e impunidad contra los periodistas.

Paraguay, el penúltimo país de este grupo cuyas percepciones fueron más positivas, obtuvo 67,4 puntos. Cuenta con un marco legal que fortalece el ejercicio de la Libertad de Expresión, así como el desarrollo de medios no tradicionales que favorecen este derecho. Sin embargo, carece de mecanismos que permitan evitar la violencia e impunidad hacia los periodistas. Empiezan a aparecer alarmas ante medidas de carácter legislativo y judicial que intentan restringir la información.

Jamaica, con 65 puntos, también conforma este grupo de ocho países con una baja restricción a la Libertad de Expresión y Prensa, lo que ofrece una percepción muy positiva. La influencia de los diferentes entornos no ha alterado el quehacer informativo de los medios del país, los cuales se han mantenido libres y cohesionados para informar a la ciudadanía. Tampoco se observan situaciones de gravedad en cuanto a la violencia e impunidad contra los periodistas, quienes gozan de respaldo gremial, ni contra los medios en general.

Seguidamente, se encuentran los países con resultados que los ubican en Libertad de Expresión y Prensa parcialmente restringida. En este grupo mayoritario se encuentran: Colombia, Panamá, México, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Ecuador.

Colombia encabeza este listado con 57,5 puntos, 6,28 por encima del promedio global. Se destaca por tener un estructurado sistema de protección hacia los periodistas, ejemplo para la región, así como un marco jurídico que resguarda y garantiza el ejercicio de derechos concatenados a la libertad de expresión. En este país, los problemas derivan de la crisis económica que afecta el sector de las telecomunicaciones y del incremento en las situaciones de violencia e impunidad que afectan a los periodistas, desde ataque por parte de grupos armados hasta la influencia de decisiones judiciales contra los profesionales de la comunicación.

El siguiente país es Panamá, con 55 puntos como resultado, lo que lo ubica en la décima posición del Índice. En general la Libertad de Expresión y Prensa es respetada, sin embargo, se observan acciones institucionales que la afectan desfavorablemente. El país cuenta con un estructurado Sistema Público de Radio y Televisión que favorece la difusión de la información a la ciudadanía; pero aún hay normativas que tipifican como delitos, incluso con agravantes, declaraciones emitidas en ejercicio de la libertad de expresión, lo que fomenta la autocensura.

México también obtuvo 55 puntos en la medición final, con una restricción parcial, pero con serias amenazas a que desmejore. Durante el período de estudio, el país vivió situaciones que afectaron la Libertad de Expresión y Prensa. El control que ejercieron las instituciones del Gobierno se reflejó en las valoraciones obtenidas. En efecto, no parece haber iniciativas institucionales a favor de la Libertad de Expresión y para minimizar la alta violencia e impunidad que afectó y sigue afectando a los periodistas. A pesar de esto, aún existen espacios que permiten el pluralismo de información.

En el puesto doce el Índice se encuentra Honduras, con 53 puntos. En este país se percibe aún cierta independencia en los medios de comunicación, aunque con instituciones gubernamentales débiles que parecen estar supeditadas al Órgano Ejecutivo. Esta influencia desfavorable, aunado a altos índices de inseguridad, violencia e impunidad, ha afectado seriamente el ejercicio de la Libertad de Expresión por parte de los periodistas. Llama la atención el hecho de que siguen vigentes leyes que restringen la difusión de ciertos tipos de informaciones, tales como la conocida “Ley de Secretos”.

Según la percepción de los expertos consultados, la Libertad de Expresión y de Prensa está parcialmente restringida en Estados Unidos, cuyos resultados lo valoran con 49,6 puntos, 1,82 puntos por debajo del promedio global (51,42). En este caso también prevalece la influencia desfavorable del entorno Ejecutivo sobre los demás. La estrategia comunicacional llevada a cabo por el presidente Donald Trump ha sido calificada como intimidatoria para los periodistas y amenazante hacia los medios que le adversan. Sin embargo, el fuerte y blindado marco jurídico del Estado protege la Libertad de Expresión y prohíbe acciones que restrinjan este derecho. Esta garantía también fomenta el auge de medios informativos que promueven puntos de vista extremos.

Un puesto más abajo se encuentra la República Dominicana, con 47 puntos, país en donde se aprecia el apoyo de las instituciones del Gobierno hacia aquellos medios y periodistas cuyas opiniones les son favorables, por lo que el aspecto financiero es determinante para el desarrollo de la industria, y por ende de la pluralidad en la información. Afortunadamente, el desarrollo tecnológico ha permitido que surjan medios alternativos que permitan la libre expresión de la ciudadanía. No se han percibido situaciones que generen alarma en cuanto a la violencia e impunidad contra los periodistas.

Guatemala ocupa el puesto 15 del Índice Chapultepec, con 46 puntos. Según la percepción de los expertos, pareciera haber señal de retroceso en cuando a la protección de los Derechos Humanos en este país, afectando con ello a la Libertad de Expresión y de Prensa, principalmente apoyándose en restricciones que vienen desde los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tampoco hay mecanismos de protección hacia los periodistas, que les protejan ante las graves, y cada vez mayores, situaciones de violencia e impunidad; aunado a ello, se mantiene una relación tensa entre el Ejecutivo (principalmente) y el gremio.

Con una diferencia de 8,82 puntos por debajo del promedio global se encuentra El Salvador, con una puntuación de 42,6 puntos sobre 100. Según la opinión de los consultados, la actuación del máximo representante del poder Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele, ha acelerado el deterioro de la libertad de expresión afectando a todas las dimensiones analizadas. Se aprecia un patrón sostenido de violencia y persecución hacia los periodistas, y mayores controles hacia los medios de comunicación. También se han visto debilitados otros derechos fundamentales para el ejercicio de una democracia plena. Estas situaciones hacen encender las alarmas ante la vulneración, cada vez con mayor intensidad, de la Libertad de Expresión y de Prensa en el país centroamericano.

Ecuador es el último país que entra en el rango de restricciones parciales a la libertad de expresión. Con 42,5 puntos, los expertos valoraron no solo las relaciones hostiles de parte del Gobierno hacia los periodistas, sino la debilidad institucional en cuanto a la protección de la Libertad de Expresión y de Prensa mediante la falta de voluntad para poner en práctica las reformas normativas favorables. A pesar de ello, la industria de la comunicación se mantiene organizada y proactiva en cuanto a la generación de iniciativas que mantengan la libertad de expresión en términos aceptables.

En Bolivia y Brasil, según los resultados, la Libertad de Expresión y de Prensa está altamente restringida.

Bolivia ocupa el puesto 18 del Índice, con un puntaje de 39,8, producto de la percepción de un momento especialmente difícil para el país, el paso de un régimen de gobierno dictatorial a una democracia incipiente, que aún se ve afectada por la influencia de costumbres pasadas. Al inicio del período analizado, la Libertad de Expresión y de Prensa estaba seriamente comprometida, con la presencia de organismos de censura y mecanismos violentos de presión hacia los medios y los periodistas. El cambio de gobierno representó la recuperación de espacios perdidos en cuanto a derechos fundamentales, entre ellos la Libertad de Expresión. Se han creado nuevos medios, y si bien pareciera difícil deslastrarse de prácticas autoritarias, se avizoran mejoras para el sector.

Brasil en cambio registró un desempeño desfavorable en el ejercicio de la Libertad de Expresión y Prensa, siendo valorado con 37,2 puntos, destacándose la dimensión de Violencia e Impunidad y la de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse. En este caso, la actuación del poder Ejecutivo (Jair Bolsonaro, como máximo representante), se percibe como la mayor amenaza, no solo a la Libertad de Expresión, sino a otros derechos inherentes a toda democracia. Sin embargo, los entornos Legislativo y Judicial aún tienen la capacidad de frenar las actuaciones del presidente, lo que representa una fortaleza.

Nicaragua, Cuba y Venezuela son los países peor calificados en el Índice. Según los expertos, en estas naciones se viven serias violaciones a Derechos Humanos en general. Fueron calificados como países sin Libertad de Expresión.

Nicaragua, con 16 puntos, es estimada por la Organización de Estados Americanos como una dictadura. Son evidentes las violaciones a la Libertad de Expresión y Prensa, y con un altísimo nivel de violencia y agresión hacia los periodistas. Los tres entornos actúan articuladamente para favorecer la impunidad en ese ámbito. El Ejecutivo ejerce control sobre los otros dos poderes. Existe a su vez un control extremo hacia los medios. La estrategia comunicacional adoptada es la de favorecer solo a los medios afines al régimen y muy agresiva a quienes le adversan. Sin embargo, aún existen medios independientes que defienden la libre expresión y el acceso a la información.

Cuba, con 6,2 puntos de valoración, se encuentra en el penúltimo país de la región en el Índice Chapultepec. Bajo un régimen totalitario que ha controlado al país por décadas, resulta difícil y riesgoso combatir los mecanismos de control a través del periodismo independiente. Expresarse libremente puede costar la libertad personal, no solo para los comunicadores sociales, sino también para la población en general. Años de adoctrinamiento y sanciones severas han generado temor en la población, lo que ha arraigado la autocensura en todo ámbito. A pesar de ello, con el auge de las tecnologías, cada vez más son las voces que se alzan para contar al mundo lo que sucede. Las fuertes restricciones puertas adentro dificultan que la ciudadanía se mantenga informada.

Finalmente, el país peor calificado en la región es Venezuela, con 3,8 puntos. 47,62 puntos por debajo del promedio global y 76,2 puntos menos del país mejor calificado. El Poder Ejecutivo domina la actuación institucional, fomentando la descalificación de los medios y la persecución, no solo a los periodistas, sino a los ciudadanos que quieran expresarse libremente por las redes sociales (prácticamente los únicos medios que quedan a disposición de la población). El control y la presión de parte del gobierno hacia los medios de comunicación adversos al Ejecutivo ha obligado a que muchos cierren sus puertas a consecuencia de acciones directas e indirectas en contra de su sostenibilidad. La promulgación ilegítima de leyes que violan la Libertad de Expresión (por ejemplo, la ley conocida como Ley contra el Odio), y las acciones represivas y violentas, han generado temor en muchos periodistas y ciudadanos en general, quienes han sido atacados de forma violenta, torturados, violentados y vejados de manera cruenta, tal como se ha registrado en Informes de organismos regionales de Derechos Humanos. Los pocos espacios que quedan para difundir información se enmarcan en la esfera digital, a pesar de los innumerables bloqueos que realiza el régimen (incluyendo cortes de servicio de internet y de electricidad).

León Hernández

Investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, miembro de la cohorte 2016-2017 del programa Next Generation Leaders del McCain Institute de la Universidad de Arizona. Forma parte del Consejo de Redacción de la revista Comunicación.

Argelia Perozo

Periodista, abogada y profesora universitaria.