Venezuela se mantuvo en el penúltimo puesto del Índice Chapultepec de libertad de expresión y de prensa, con 12,74 puntos de cien posibles, manteniéndose aún en la franja de naciones sin libertad de expresión. Aunque refleja un leve y no significativo ascenso con respecto a las tres últimas mediciones del barómetro, en las cuales obtuvo 3,80; 5,71 y 10,58 puntos en las ediciones 2019-2020, 2020-2021 y 2022-2023, respectivamente, el país presenta una estabilidad negativa lo que implica que no hay buena voluntad estatal hacia el sector comunicación, ni ablandamiento de las acciones contra periodistas. El ascenso de puntos se debe, principalmente, a la caída de la actividad política disidente en las calles, en cuyas coberturas solían perpetrarse numerosas agresiones hacia periodistas. Especialmente las medidas contra empresas del espectro radial evidencian que persiste la determinación de los poderes estatales en contra de los derechos comunicacionales.
Introducción
En el periodo comprendido entre el 2 de agosto de 2022 y el 1 de agosto de 2023, se mantuvo la cultura de restricción de medios y periodistas. A veintidós años del proceso político iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, siguen en proceso las detenciones, acciones judiciales y presiones hacia periodistas, además de registrarse un cierre masivo de emisoras radiales y limitaciones en el acceso a la información, entre otras.
En el lapso de estudio no hubo avance alguno que revirtiera la mordaza estructurada, aunque sí se reportaron leves descensos en materia de violencia contra los comunicadores y medios, como consecuencia de la disminución de la protesta convocada por actores políticos disidentes, esto en el marco de un Estado que tiene un proceso abierto desde el 3 de noviembre de 2021 ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, por denuncias de crímenes de lesa humanidad, que fueron sustentadas en informes de la Misión de la Organización de Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela, comitiva enviada al país en septiembre de 2019 y cuya permanencia fue prorrogada hasta septiembre de 2022.
El Poder Legislativo persiste en una situación de polémica, pues la Asamblea Nacional –de mayoría opositora–, electa en 2015, que había dado la figura de presidente encargado a Juan Guaidó, fue sustituida en 2020 por una Asamblea Nacional controlada por partidarios de Nicolás Maduro, elegida bajo protesta de sectores de la oposición que denunciaron irregularidades en el proceso comicial y no participaron en los comicios. Esta Asamblea, de mayoría pro-gubernamental, revisó en enero de 2022 la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y dispuso una nueva conformación de dicho tribunal, que pasó de 32 a veinte magistrados.
El país aún padece una severa crisis económica, a pesar de que en 2022 se detuvo la contracción económica que se había registrado a partir de 2016, del 80 %, para registrar su primer crecimiento en años, de un 12 % del PIB. Las previsiones de crecimiento no se tradujeron en recuperación del poder adquisitivo y el salario mínimo en Venezuela se ubica actualmente en Bs.130, equivalentes a $4 mensuales, aproximadamente; este es el ingreso más bajo de toda América Latina y no fue ajustado en 2023 por el presidente de la República, Nicolás Maduro. [Continúa leyendo…]
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