El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) nos ofrece su reporte anual en un contexto de persecución, criminalización y violaciones a las garantías informativas que ha configurado un laberinto donde periodistas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil atraviesan los obstáculos de la censura y la autocensura. La investigación, realizada entre enero y diciembre de 2023, arroja 233 casos que sumaron 349 vulneraciones a las libertades informativas de trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos.
PREFACIO
Cada año nos sorprendemos con una nueva y sofisticada pieza del catálogo de agravios contra los periodistas y los medios de comunicación que aún resisten en Venezuela. Con rigurosidad y persistencia, hemos sido testigos de cómo se ha construido un aceitado modelo de censura que en el año 2023 tuvo como expresión el registro de 233 casos que sumaron 349 vulneraciones a las libertades informativas de periodistas y defensores de derechos humanos. Así lo hemos hecho durante veintidós años desde el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS Venezuela, comprobando de qué manera se crean desde el poder caminos intrincados y vueltas laberínticas para impulsar los instrumentos legales, burocráticos, comunicacionales y políticos que socavan libertades y que restan espacios cívicos para los ciudadanos vulnerando los principios de una democracia ya deshecha en Venezuela.
Inicialmente veíamos al final de algunos senderos cómo las agresiones físicas se contabilizaban por centenas. También seguimos trechos sin salidas adonde llevábamos el pulso a cada nuevo peligroso diseño, como el condicionamiento arbitrario de las frecuencias radioeléctricas para cerrar televisoras y estaciones de radio, la concentración de insumos para asfixiar a la prensa o condicionar su libertad editorial, la persecución a fuentes y anunciantes, las restricciones al acceso a la información pública y la opacidad como política de Estado, los bloqueos y ataques a los portales de los medios digitales donde se refugió el periodismo independiente, hasta llegar a lo que el año 2023 nos revela, y que ofrecemos en este reporte anual que hemos titulado El laberinto de la censura.
Debimos sumar a las agresiones un nuevo elemento que traduce cómo la violencia ha cambiado de traje: las agresiones verbales y el discurso estigmatizante. Si la vida y el debate público aún respira en el espacio digital, el poder tenía que comenzar a desarrollar un nuevo mecanismo para, en ese nuevo ámbito, señalar a los periodistas, criminalizar la labor informativa, minar la credibilidad del trabajo de la prensa independiente que desmonta el discurso oficial y la propaganda, estigmatizar con campañas de descrédito a quienes desnudan la desinformación que se construye desde el Ministerio de Información y Comunicación y, en definitiva, hostigar, intimidar, insultar a quienes defienden el derecho a la libertad de expresión y el derecho a saber de los ciudadanos.
En el IPYS Venezuela registramos 95 agresiones físicas o verbales y 72 ataques a través de discursos estigmatizantes que nos envían una clara señal de cómo los actores públicos hacen de esta práctica una evidente agresión a los derechos de los periodistas a mostrar temas y denuncias de interés público.
Los victimarios en el mundo físico y en el mundo digital siguen siendo los mismos: figuras influyentes o funcionarios públicos, como el gobernador del estado Trujillo, quien por razones tan sorprendentes como la noticia sobre el desprendimiento de los adornos navideños en una calle de Valera, amenaza a periodistas. Incluso han llegado a sumarse actores que provienen de otras orillas, como las de la oposición. Las voces estridentes de los ataques verbales y el discurso estigmatizante siguen siendo de uso favorito por los funcionarios públicos quienes envalentonados con el poder olvidan que, como en toda democracia, sus cargos los conminan a ser figuras públicas sujetas a la rendición de cuentas, recibir críticas de parte de los electores y ser tolerantes ante quienes deben ser contrapeso a su poder y exigen transparencia de la gestión pública. Ellos protagonizaron los hostigamientos hacia la prensa independiente durante 2023, mientras que los efectivos de cuerpos de seguridad y ciudadanos comunes prefirieron actos intimidatorios e insultos contra periodistas por sus labores informativas.
En el IPYS Venezuela registramos 95 agresiones físicas o verbales y 72 ataques a través de discursos estigmatizantes que nos envían una clara señal de cómo los actores públicos hacen de esta práctica una evidente agresión a los derechos de los periodistas a mostrar temas y denuncias de interés público, en el ejercicio pleno del periodismo independiente.
Un similar sendero en ese mismo laberinto es el que construyen otros de los principales victimarios registrados durante 2023: los actores desconocidos (47) quienes haciendo uso de las redes sociales, en ocasiones suplantando la identidad de periodistas o medios de comunicación, viralizan insultos y campañas de descrédito contra reporteros en entornos digitales, la mayoría de las veces azuzados desde espacios en medios públicos y en el enjambre de propaganda y desinformación que diseñan desde instancias gubernamentales.
De nada han servido las advertencias del relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, cuando expresó:
Este discurso estigmatizante que muchas veces viene desde voces oficiales no solo sigue pasando como algo esporádico, reactivo, sino que parece estar institucionalizándose […], con un señalamiento que termina modulando la percepción ciudadana sobre la labor de la prensa y que puede contribuir a que haya cierto clima de permisividad de las violencias contra la prensa.
Pero el año aún nos reservaba otro sendero oscuro y sinuoso que solo conduce a un mayor cierre del espacio cívico: el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, que fue aprobado en enero de 2023 e inició su consulta pública el 12 de enero de 2024. Esta normativa impone nuevos requisitos para regular el registro y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que podría limitar el derecho a la libertad de asociación y de expresión.
Todas las alarmas se han encendido para rechazar esta normativa que pretende dejar fuera de juego al amplio sector de la sociedad civil, que en su derecho a la libertad de asociación ha buscado formas de organizarse para desempeñar funciones donde la ineficiencia del Estado les niega derechos fundamentales a los ciudadanos más vulnerables azotados por los efectos de una emergencia humanitaria compleja, la violación de los derechos humanos y la vulnerabilidad por los retrocesos del desarrollo.
Ya lo han advertido los relatores especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), quienes el 21 de septiembre de 2023, dirigieron un mandato al Gobierno venezolano donde le indicaban que:
[…] en su forma actual, el proyecto de ley parece plantear restricciones incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de asociación, la libertad de participar en los asuntos públicos, la libertad de expresión y el pleno acceso a los derechos económicos y sociales de las personas que trabajan en las ONG o que se benefician de su actividad en ámbitos tan variados como la defensa legal, la salud, la educación o la alimentación.
De todas estas restricciones estuvo marcado el año 2023 para los periodistas y medios independientes, trabajadores de la prensa y ciudadanos, defensores de derechos y organizaciones de la sociedad civil, que a pesar del laberinto cada vez más brumoso de la censura siguen insistiendo en transitar por las vetas que los restos de democracia aún hacen reverdecer. [Continúa leyendo…]
Comunicacion-206-155-166-en-el-laberinto-de-la-censura-pdf
